Asesinaron a comerciante que era víctima de extorsión: hombres armados lo atacaron dentro de su local

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Los comerciantes denuncian que la extorsión ya no solo llega por llamadas, sino también por mensajes de WhatsApp, panfletos y ataques contra sus negocios.

El pasado lunes 6 de julio, Abersio Medrano Ramos, propietario de una distribuidora de pollos en el barrio Villa Adela, en Soledad, fue asesinado a tiros por hombres armados que llegaron hasta su establecimiento. Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, luego de que, presuntamente, el comerciante recibiera amenazas por negarse a pagar exigencias económicas.

Durante el fin de semana, varios establecimientos en Soledad y el sur de la capital del Atlántico cerraron sus puertas tras la circulación de panfletos intimidatorios, una situación que volvió a poner en evidencia el impacto que tiene este delito sobre el comercio.

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Representantes del gremio aseguraron que la extorsión se ha convertido en una de las principales problemáticas para los micro y pequeños comerciantes de la región durante los últimos años.

Según explicaron, además de los cobros ilegales, los delincuentes recurren a llamadas, mensajes de texto y WhatsApp para intimidar a sus víctimas, e incluso han disparado contra establecimientos comerciales e intentado incendiarlos, dejando muertos, heridos y afectaciones psicológicas entre quienes dependen de estos negocios para sostener a sus familias.

Ante este panorama, los comerciantes manifestaron su expectativa frente a los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien aseguró que conformará grupos especiales para combatir la extorsión en las principales ciudades del país. Para el gremio, Barranquilla se considera como una de las prioridades debido al número de establecimientos que han cerrado, las amenazas que han recibido y los hechos violentos registrados en los últimos meses.

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Finalmente, hicieron un llamado a las alcaldías de Barranquilla, Soledad y Malambo, así como a la Gobernación del Atlántico y al Gobierno Nacional, para que trabajen de manera articulada en una estrategia que permita frenar la extorsión, proteger a los comerciantes y garantizar que puedan continuar con sus actividades sin poner en riesgo su vida ni su patrimonio.