Medio barrio deberá ser desalojado por riesgo de deslizamiento; lo habitan 12 familias

Desde la dirección del departamento Administrativo Jurídico de Armenia se informó que la sede de Inspección ya definió fecha para proceder con el desalojo de 12 familias del barrio Buenos Aires Bajo, debido al riesgo en el que se encuentran 13 viviendas por amenaza de deslizamiento en terreno, la inestabilidad que presenta la ladera, situaciones que pueden ocasionar colapsos estructurales y riesgos para la integridad física de sus habitantes.

Los precedentes de la situación se remiten al año 2013, momento en el que Fernando Romero Ramírez, entonces habitante del sector, interpuso una acción popular debido al riesgo inminente de deslizamiento de una de las casas de la zona.

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Posteriormente, 2 años más tarde, el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia ordenó, con la sentencia 177, al municipio de Armenia la reubicación temporal o definitiva de la comunidad —no solo de una, sino de las 13 viviendas— del barrio Buenos Aires Bajo, que se encontraban en zona de alto riesgo y protección ambiental. Para lo anterior, determinó que el municipio tendría que llevar a cabo un estudio en el que se caracterizaran y determinaran lineamientos y prioridades en el proceso.

El tiempo que se otorgó para adelantar las acciones anteriormente mencionadas fue de los 2 meses siguientes, para dar solución temporal o definitiva de reubicación. Sin embargo, ni en 2016, ni en 2017 ni en 2018 se materializó la orden. 

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“Se hicieron estudios, mesas de trabajo, caracterizaciones y muchas otras acciones, pero finalmente frente a la declaración del juez no se hizo nada”, aclaró Lina María Meza Moncada, directora del departamento administrativo Jurídico de Armenia.

Para el 2019, hicieron unos avalúos con el fin de pagar a las personas del sector las mejoras de las viviendas para que pudieran salir de allí. “Sin embargo, a 31 de diciembre de 2019, consultado el rubro de sentencias y conciliaciones para atender esos compromisos, ni se giró ni quedó el dinero”.

Durante el 2020, hubo una suspensión temporal de todos los procesos debido a la situación de pandemia y ya para el 2021, desde la secretaría jurídica recapitularon las acciones realizadas.

“Como ellos están ubicados en zonas de protección ambiental pedimos a planeación municipal información en la que advertimos que varios de los ciudadanos estaban invadiendo terrenos privados y vacante catastral. Por ese motivo, decidimos que no era pertinente pagar avalúos e iniciamos con socializaciones con la comunidad”, explicó la funcionaria.

A través de la secretaría de Desarrollo Social y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre, Omgerd, se actualizó la caracterización de los habitantes y se solicitaron planos para determinar las zonas de alto riesgo. El 11 de marzo de este año, la Omgerd entregó un informe técnico con los resultados de una visita realizada al sector en el que se identificaron los riesgos desde lo geológico y estructural.