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Se trata de una nueva estrategia del Gobierno, que se unió a 700 empresas privadas de seguridad de Colombia, para combatir los hechos delictivos que se registran en los videos de esas cámaras monitoreadas.
Las cámaras de seguridad estarán en todo el país y serán vigiladas permanentemente por trabajadores de las empresas. En caso de que haya sospecha o se presente algún hecho delincuencial, estas personas se encargarán de emitir una alerta en tiempo real a las autoridades, según Noticias Caracol.
Lo anterior también lo confirmó el gerente técnico de las empresas colombianas de seguridad, Germán Duque, que en entrevista con el informativo explicó:
“Consiste en integrar los recursos humanos y tecnológicos de la vigilancia privada a las redes de participación cívica de la Policía Nacional. Son, en todo el país, más de 300 mil vigilantes y un millón 500 cámaras de videovigilancia que se ponen al servicio de la Policía Nacional para hacer más efectiva su labor”.
Las cámaras ya están instaladas y, principalmente, vigilan “colegios, hospitales, industrias, centros comerciales, conjuntos residenciales” y espacios públicos, agregó Duque.
El centro de monitoreo de las empresas de seguridad, según el noticiero, estará conectado con las oficinas de la Policía. A través de un radio de comunicaciones, los uniformados recibirán la información de la emergencia y dispondrán de su personal para actuar.
Existen dos formas en las que se puede activar una alarma, de acuerdo con el gerente técnico:
“Por medio de las cámaras que automáticamente emiten una alerta a la central de monitoreo o porque un operador de medios tecnológicos detecta un movimiento sospechoso dentro de una unidad protegida”.
Una vez se envíe la alerta de emergencia, agrega el funcionario, la Policía enviará una patrulla para frustrar el delito.
Si las autoridades se encuentran lejos del sitio, las empresas de vigilancia tienen disponibles “motorizados de reacción” que llegarán al lugar de la alerta para retener al presunto delincuente mientras llega la Policía y lo deja a su disposición.
Lo anterior se podrá hacer siempre y cuando la persona sea encontrada cometiendo el delito en flagrancia. Así lo contempla el artículo 32 de la Constitución Política de Colombia:
“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona”.
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