Más de 100.000 presos, en riesgo por cambio en atención en salud, advierte veeduría

Alertan que el traslado del servicio médico penitenciario a la Nueva EPS se aprobó sin estudios claros ni un plan de transición.

La Red de Veedurías de Colombia lanzó una alerta por el riesgo que enfrentaría la salud de más de 106.000 personas privadas de la libertad, luego de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud aprobara acelerar un modelo de operador único a cargo de la Nueva EPS, entidad que atraviesa dificultades financieras y operativas. La advertencia fue expuesta por Pablo Bustos, presidente de la organización, quien señaló que la medida podría afectar la continuidad del servicio en cárceles y penitenciarías del país.

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El pronunciamiento, presentado ante la Contraloría y la Procuraduría, advierte que la decisión carecería de estudios técnicos, jurídicos y financieros que respalden el cambio, además de no contar con un plan de transición que evite interrupciones en la atención médica. Para la Red, esta situación se repite desde hace años en el sistema penitenciario y pone en riesgo derechos fundamentales de una población que depende totalmente del Estado.

Bustos recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la atención en salud de las personas privadas de la libertad es una obligación del Estado y un derecho fundamental de aplicación inmediata. Actualmente, el servicio se presta a través del Fondo Nacional de Salud, administrado por la Uspec, mediante un contrato de fiducia con Fiduprevisora S.A., esquema que permite contratar prestadores en todo el país para distintos niveles de atención.

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Según la Red, el Consejo Directivo del Fondo acogió una propuesta del Ministerio de Salud para concentrar toda la atención en la Nueva EPS en un plazo inferior a dos meses, pese a que su estructura no estaría diseñada para las particularidades del sistema carcelario. Además, se cuestiona la terminación anticipada de contratos vigentes, lo que podría causar intermitencias en la prestación del servicio y afectar la salud y la vida de los internos.

El documento compara la situación con lo ocurrido con Caprecom entre 2009 y 2015, periodo en el que se registraron fallas graves en la atención, y advierte que la decisión prioriza una política administrativa sobre la garantía efectiva del derecho a la salud. Para la Red de Veedurías, de comprobarse afectaciones, podrían configurarse irregularidades disciplinarias por desconocer principios de legalidad y planeación.