El codiciado predio que tiene en líos a Álex Char; hubo presunta corrupción en el proceso

Quedan exactamente 43 días para que Alejandro Char Chaljub vuelva a ser el alcalde de Barranquilla. Un cargo que ya ocupó en dos lapsos (2008-2011 y 2016-2019) y que su clan político monopolizó durante los últimos 16 años —y hasta 2027— a través de Elsa Noguera y Jaime Pumarejo.

En su retorno al mando de la capital del Atlántico, Char se enfrenta a una denuncia penal por hechos ocurridos durante su primer período a la cabeza de esa ciudad, en la que goza de casi total popularidad. El Espectador supo que la Fiscalía desarchivó una denuncia interpuesta en 2015, en la que su administración está involucrada: el caso del predio La Loma.

(Vea también: Petro involucró a ‘Fico’, Char y Abudinen con los “fuera, Petro” del partido de Colombia)

Se trata de un codiciado terreno de 96 hectáreas (área equivalente a 100 canchas de fútbol), ubicado a orillas del río Magdalena, en donde la Alcaldía, desde la primera administración de Char, pretende construir 3.500 viviendas, la nueva sede de la Alcaldía y más de 700 locales comerciales.

Estos últimos fueron entregados en su totalidad por el alcalde Pumarejo, en octubre de 2023, con el nombre de Mercado Gran Bazar y se espera que en los próximos meses empiece a funcionar. Además, en 2021, en La Loma ya se construyó el monumento la Aleta del Tiburón, financiada por el empresario Christian Daes, luego de que el Júnior F. C. —propiedad de la familia Char— ganara su noveno título de liga.

(Vea también: Álex Char regresa a la Alcaldía de Barranquilla: arrasó en urnas con más del 70 % de votos)

Lo que investiga la Fiscalía es si, en 2008, hubo acciones ilegales por parte de funcionarios públicos de la Alcaldía, entre ellos Alejandro Char, para adueñarse irregularmente de 30 hectáreas del lote, al declararlas baldías.

(Vea también: Banco de los Char brincó contra medio mexicano que lo vinculó con el Cartel de Sinaloa)

Fuentes cercanas al expediente señalan que el proceso fue desempolvado a mediados de 2022, cuando el expediente fue reasignado a una fiscal especializada en Bogotá y luego de estar durante años en manos de fiscales de Barranquilla. Entre ellos, Gustavo Orozco, procesado desde 2020 por posibles hechos de corrupción mientras investigaba el millonario desfalco a la Universidad Metropolitana de Barranquilla.