Agmeth Escaf, en líos por decisión del Consejo de Estado y demanda en su contra; curul, en riesgo

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El senador tendrá que enfrentar un proceso judicial que busca establecer si incurrió en tráfico de influencias durante su paso por la Cámara de Representantes.

El senador Agmeth Escaf deberá responder ante el Consejo de Estado por una demanda que busca quitarle su investidura, luego de los señalamientos que hizo Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer, sobre una supuesta intervención del congresista en nombramientos y decisiones de entidades estatales durante el gobierno de Gustavo Petro.

(Vea también: Agmeth Escaf hizo revelación sobre su pareja, ahora que se habla de la separación de Verónica Alcocer y Petro)

La admisión de la acción judicial, conocida este miércoles 11 de noviembre, marca un nuevo capítulo en la controversia que comenzó con las declaraciones de Ferrer en una entrevista con Semana. En ellas, la mujer mencionó a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, al hablar de presuntas influencias en organismos públicos.

La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien considera que las actuaciones atribuidas al senador podrían configurar la causal de tráfico de influencias, contemplada en la Constitución como motivo para decretar la pérdida de investidura de un congresista.

Es importante precisar que la admisión significa que el alto tribunal estudiará la demanda, no que haya encontrado responsable al senador. Las afirmaciones de Ferrer tendrán que ser examinadas dentro del procedimiento y Escaf conserva sus garantías de defensa.

Los señalamientos de Eva Ferrer que llevaron el caso al Consejo de Estado

En la entrevista con la revista, Ferrer aseguró que Escaf y Mario Fernández Alcocer habrían tenido injerencia en instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ProColombia.

Entre los episodios que mencionó estuvo la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF. También habló de movimientos administrativos en el Dapre y de supuestas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.

La exasesora extendió sus señalamientos a otras entidades, entre ellas Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo Adaptación, el Icetex y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las afirmaciones hacen referencia al periodo en el que Escaf ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico, entre 2022 y 2026. El demandante tomó esos testimonios como fundamento para solicitar que se examine si el congresista utilizó su posición para intervenir indebidamente en decisiones de organismos estatales.

¿Qué busca la demanda contra Agmeth Escaf?

La acción judicial pretende que se aplique la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.

Para respaldar su solicitud, Juan Carlos Calderón España pidió que Eva Ferrer sea llamada a declarar ante el Consejo de Estado y ratifique las afirmaciones que hizo públicamente. También solicitó incorporar la entrevista concedida a Semana y escuchar a antiguas directivas de las instituciones mencionadas.

El escrito incluye solicitudes de información a diferentes organismos del Estado para recopilar elementos que permitan examinar los hechos expuestos. Asimismo, el demandante había pedido la suspensión provisional del senador mientras avanzaba el procedimiento.

Si el Consejo de Estado encuentra demostrada la causal invocada, Escaf podría perder su investidura, lo que implicaría dejar su curul y quedar inhabilitado de manera permanente para volver a ser elegido al Congreso.

¿Qué ha respondido Agmeth Escaf a los señalamientos?

El senador ha rechazado las acusaciones de Eva Ferrer. En una respuesta pública anterior, calificó los señalamientos como una campaña en su contra y aseguró que no había cometido las conductas que le atribuían.

También informó que había emprendido acciones legales contra la exasesora por presunta injuria y calumnia, además de solicitar un espacio de réplica al citado medio.

Con la admisión de la demanda, el caso pasa a estudio del alto tribunal, que deberá examinar los argumentos y las pruebas antes de establecer si existe fundamento para imponer la sanción solicitada. Por ahora, no hay una decisión que determine que el congresista incurrió en tráfico de influencias.