Abelardo de la Espriella asume la presidencia en medio de crisis de seguridad y cambios en la política de paz en Colombia

El arribo de Abelardo de la Espriella a la presidencia se produce en un contexto marcado por un incremento de la violencia ejercida por grupos armados ilegales y una crisis humanitaria que se ha intensificado tras la controvertida política de paz total de la administración anterior. Las advertencias sobre la persistencia de profundas desigualdades en la implementación del Acuerdo de Paz, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sumadas a una mayor percepción de inseguridad nacional, delinean el desafío inmediato que enfrenta el nuevo mandatario. La estrategia propuesta por De la Espriella implica una ruptura frontal con su antecesor: no habrá negociaciones con los grupos armados; en cambio, se apostará por una política de seguridad firme.

La gestión saliente ha sido blanco de críticas de distintos sectores, entre ellos el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, el expresidente Juan Manuel Santos y autoridades entrantes. De acuerdo con sus observaciones, la política de paz total no solo no disminuyó el conflicto armado, sino que facilitó el fortalecimiento y expansión territorial de las estructuras criminales. Datos de la Fundación Ideas para la Paz evidencian que entre 2024 y 2025 los principales grupos ilegales aumentaron significativamente sus filas, con el Clan del Golfo registrando un salto del 30 % en sus miembros y otras organizaciones como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las disidencias de las Farc expandiéndose también en proporciones considerables.

El saldo, según la Fundación Conflict Responses (Core), es que todas las estructuras armadas ilegales han reforzado sus capacidades militares, económicas y políticas en los últimos años. Las implicaciones humanitarias han sido severas: desplazamientos forzados se incrementaron en un 85 %, los confinamientos subieron un 12 % y los secuestros experimentaron un alza del 113 % para 2025, cifras que dejan en evidencia el deterioro de la seguridad y la débil presencia estatal en áreas vulnerables.

Además, la ejecución del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016 sigue presentando grandes obstáculos. La Misión de Verificación de la ONU resalta la dificultad de avanzar en componentes clave como la reforma rural y la reincorporación de excombatientes, debido a problemas de articulación institucional y a las condiciones de seguridad en los territorios. Frente a esto, De la Espriella anunció la eliminación de entidades y figuras centrales en la implementación del acuerdo y aseguró que bajo su gobierno no habrá negociaciones con actores criminales, sino un enfoque en seguridad y sometimiento, medidas que han desatado críticas y preocupaciones entre defensores del proceso de paz y figuras como el expresidente Santos.

En consecuencia, el país navega incertidumbres profundas sobre el futuro de los avances de paz y los mecanismos de protección a la población civil, mientras De la Espriella redefine la ruta del Estado frente al conflicto armado.

¿Por qué la política de paz total fue criticada por organizaciones y expertos?

La política de paz total fue objeto de múltiples señalamientos debido a que, de acuerdo con organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz y la Organización de las Naciones Unidas, facilitó el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y permitió que ampliaran su control territorial. Además, no logró disminuir la violencia ni generar avances sustanciales en la seguridad de la población, lo que se reflejó en el aumento de crímenes como secuestro, extorsión y desplazamiento.

¿Qué cambios propuso Abelardo de la Espriella para la implementación del Acuerdo de Paz?

Abelardo de la Espriella manifestó su intención de eliminar figuras y dependencias clave en la implementación del Acuerdo de Paz, como la Unidad de Implementación y el Comisionado para la Paz, trasladando esas funciones a otras entidades. Anunció también que no habrá más negociaciones de paz con grupos armados y enfocará la acción estatal en la seguridad y el sometimiento, priorizando la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.