ONU dice que Rusia trafica hombres, también colombianos, para su guerra contra Ucrania

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó un demoledor informe sobre la forma como el régimen de Putin nutre sus tropas.

La ONU acaba de confirmar lo que era un secreto de Rusia a voces, y que retumbaba en al menos 29 países del mundo: que el régimen de Vladimir Putin ha cometido delitos de lesa humanidad mediante ataques a la infraestructura energética de Ucrania y ha traficado con ciudadanos extranjeros para que combatan en sus fuerzas armadas en su propósito de invadir a Ucrania. Así lo aseguró la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania en un nuevo informe presentado ante la Asamblea General de la ONU.

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En lo que respecta al reclutamiento de ciudadanos extranjeros para servir en las fuerzas armadas rusas, la Comisión encontró “pruebas contundentes” de que las autoridades rusas han traficado con personas procedentes de 29 países. La trata de personas se llevó a cabo mediante engaño y coerción, en coordinación con agentes o agencias que operaban en diferentes países o regiones geográficas.

Contratación bajo engaño, explotación y muerte

Según la Comisión, los agentes o agencias que se ponían en contacto con los reclutas se presentaban como empresas legítimas y respaldadas por el gobierno ruso. Se encargaban de tramitar los visados y los documentos de viaje para grupos de reclutas y, en algunos casos, viajaban con ellos. Sin embargo, poco después de su llegada, se obligaba a los hombres a firmar contratos en ruso con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La Comisión observó un alto grado de coordinación entre los agentes que operaban en todo el mundo y las autoridades rusas.

Una mujer de 35 años, esposa de un hombre reclutado en el Caribe, declaró: “Le quitaron el pasaporte y simplemente le dijeron que firmara aquí, aquí y aquí en el contrato. Estaba escrito únicamente en ruso. Se vio sometido a una presión enorme y no tuvo otra opción”. Los hombres han sido desplegados en el frente en Ucrania y se les han asignado tareas peligrosas. Muchos han fallecido o han desaparecido; otros se han rendido o han sido capturados por las fuerzas armadas ucranianas, adquiriendo así la condición de prisioneros de guerra.

“Rusia es responsable de tráfico de personas”, aseguró, sin asomo de duda, Pablo de Greiff, uno de los tres miembros de esta comisión, en el diario El País, de España. “Cumple los tres requisitos: hay una contratación bajo engaño, un momento de transferencia furtiva y un factor de explotación a su llegada”. El informe de la Comisión relaciona decenas de casos de personas que fueron estafadas con promesas de trabajos civiles en Rusia y que terminaron, contra su voluntad, peleando para el ejército de Putin.

La Comisión encontró evidencias de reclutamiento engañoso de personas de 29 países, incluidos Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú, India, Filipinas, Ghana, Turquía, Marruecos, entre muchos otros. El reclutamiento suele ocurrir a través de redes sociales. “Buena parte de la publicidad de supuestas oportunidades de trabajo están en las redes. Sabemos de casos de varios bolivianos a los que se les prometió trabajar en un museo. Las agencias describían el viaje como un tour cultural: qué ironía”, agregó De Greiff en el diario español, y destacó que el reclutamiento en Rusia es completamente opuesto al que hace Ucrania, cuyo ejército cuenta con una legión internacional.

“El caso de Ucrania es un reclutamiento de mercenarios: son personas que voluntariamente luchan en un conflicto a cambio de beneficios económicos”, explicó, y precisó que la Comisión no halló indicios de que Kiev haya reclutado bajo engaños a ciudadanos extranjeros. También contó el terrible caso de un extranjero que, una vez llegó a Rusia, se rehusó a firmar el contrato para incorporarse al ejército. “Fue llevado a un sitio donde había cuatro prisioneros. Fueron ejecutados en frente suyo. No le quedó otra opción”, dijo De Greiff.

Crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles

Por otra parte, la Comisión investigó el impacto sobre la población civil de los ataques a gran escala de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, en particular durante el duro invierno de 2025-2026, así como su efecto acumulativo desde el otoño de 2022. La frecuencia, la intensidad y el alcance geográfico de las oleadas sistemáticas de ataques, con cientos de drones y misiles a la vez, han aumentado a lo largo de los años y han infligido daños significativos al sector energético de Ucrania.

El invierno pasado, cuando las temperaturas bajaron hasta los 21 °C bajo cero, millones de personas en Ucrania sufrieron prolongados cortes de calefacción, electricidad, agua y gas, y tuvieron que enfrentar condiciones de vida intolerables. “A medida que se acerca la temporada de frío, los ataques se han intensificado una vez más, lo que suscita una gran preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la vida y la salud de la población civil”, afirmó Erik Møse, presidente de la Comisión.

La exposición prolongada al frío, la privación de servicios básicos y la necesidad de desarrollar constantemente estrategias de supervivencia han provocado una carga considerable para la salud física y mental de la población civil. Un hombre de 53 años residente en la ciudad de Kiev describió sus esfuerzos por permanecer despierto toda la noche por miedo a quedarse dormido y morir de frío. “Lo más aterrador era quedarme dormido y no despertarme; era como una tortura tener miedo de morir de frío”, afirmó.

Las personas mayores o con movilidad reducida se han visto gravemente afectadas. Debido al riesgo de quedar atrapadas en ascensores en caso de un corte repentino de electricidad, no podían acudir a un lugar seguro durante las alertas de ataque aéreo y tenían que permanecer en viviendas sin calefacción, sin electricidad ni agua, sin poder utilizar dispositivos médicos de soporte vital ni acceso a servicios esenciales. Una mujer de 74 años de Kiev dijo: “Permanecía acostada con frío y hambre, sin medicinas, sin nada”.

Las condiciones de vida resultaron especialmente difíciles para las familias con niños. Los prolongados cierres de los colegios en momentos de grave crisis energética interrumpieron la educación, y la falta de calefacción en los hogares provocó enfermedades en los niños, lo que supuso un reto adicional para las familias.

Según lo evaluó la Comisión, los mandos rusos que ordenaron los ataques tenían conocimiento de que las instalaciones de calefacción localizadas en grandes aglomeraciones civiles contra las que lanzaban ataques eran indispensables para la población civil, especialmente durante el invierno. Las autoridades rusas han dado declaraciones oficiales sobre nuevos ataques y se han referido a un plan para su ejecución. La Comisión concluyó que cometieron crímenes de guerra al dirigir intencionalmente ataques contra objetivos de carácter civil.

Las pruebas recabadas demuestran que los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania se llevaron a cabo de forma intencionada y en el marco de una política estatal rusa destinada a privar a la población civil ucraniana de electricidad y de otros servicios esenciales que dependen de la energía, así como a causar sufrimiento. La Comisión concluyó que las autoridades rusas han cometido delitos de lesa humanidad por otros actos inhumanos.

La Comisión también examinó ataques perpetrados por las fuerzas armadas ucranianas contra infraestructura energética en la Federación de Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania. Sin embargo, no pudo investigar más a fondo el impacto de dichos ataques, ya que la Federación de Rusia no permitió el acceso ni respondió a las solicitudes de información de la Comisión.