Reportan más de 2.000 desapariciones en El Salvador; diferentes ONG señalan a Bukele

Las autoridades de seguridad de El Salvador no han encontrado a casi 2.400 personas desaparecidas entre enero de 2019 y junio de 2022, de acuerdo con un informe presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

De acuerdo con la organización, en este lapso se registraron 6.443 denuncias de desapariciones, de las que 2.397 (37,2 %) son “no encontradas”.

(Vea también: Colombiano fue a El Salvador y terminó detenido por un tatuaje; lo acusaron de pandillero).

Esto dicen las ONG en ese país:

“Es una cifra que preocupa”, dijo en una conferencia de prensa Benjamín Cuellar, consultor de la investigación ‘Situación de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del estado en la gestión gubernamental 2019-2022′.

Detalló que 948 casos de personas no localizadas corresponden a 2019, 631 en 2020, 638 en 2021 y 180 de enero a junio de 2022.

“La práctica de desaparición de personas ha continuado en la Administración actual y es un número bastante considerable”, añadió el investigador y abogado.

Lamentó que la “falta de transparencia” es un factor que “complica la situación”, dado que las instituciones del estado bajo la Administración del presidente Nayib Bukele han puesto bajo secreto los datos y “hay que hacer milagros para conseguir información”.

No es el primer informe que señala el comportamiento de las desapariciones bajo el Gobierno de Bukele, dado que en noviembre de 2022 el Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) señaló un agravamiento del fenómeno.

Las ONG señalan a Nayib Bukele por la falta de claridad en casos

Los datos del OUDH señalan que el Gobierno actual es el que presenta los índices “más altos” de las últimas Administraciones al promediar 2.080 denuncias de desapariciones anuales y una tasa anual promedio de 32 denuncias por cada 100.000 habitantes.

El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales, como medida para combatir a las pandillas, pero a pesar de esta medida las organizaciones humanitarias han señalado que las desapariciones siguen.

Son más de 70.000 personas detenidas, a las que el gobierno acusa de ser pandilleros, y entre estas se encuentran personas de las que las autoridades no han dado información a sus familiares.