Maduro intentó lanzarle un salvavidas a Álex Saab contratándole un abogado

El propio abogado dijo que se negó porque la ley de su país no permite que el gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición.

Se trata del caboverdiano Arnaldo Silva, quien explicó a la agencia Efe que la legislación de Cabo Verde “no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso”.

“Me contactaron para ser su abogado, pero les informé de que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso”, explicó Silva en Praia, capital de este país insular de África occidental, al añadir que la ley es “bastante clara” al respecto.

Silva fue contactado por el bufete de abogados Abreu, uno de los más importantes de Portugal, que actuaba en nombre del Ejecutivo de Caracas.

El abogado remarcó que el proceso contra Saab no será juzgado en Cabo Verde, donde sólo decidirá en un tribunal sobre la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos y ya respaldada por el Gobierno de Cabo Verde, y “llevará mucho tiempo tener un resultado”.

Silva recordó que el caso es “judicialmente complejo y muy mediatizado, además de estar sujeto a varios recursos” de apelación posibles, como ya ha admitido la defensa del empresario.

Según el letrado, el Gobierno venezolano está priorizando los contactos diplomáticos. Con este fin está en Cabo Verde, por segunda vez desde el arresto de Saab, el embajador de Venezuela ante este país, Alejandro Correa Ortega, con residencia oficial en Senegal.

El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario, opinión remitida la pasada semana al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final. La defensa tenía plazo hasta este jueves, para manifestar ante la citada corte su oposición a la decisión del Gobierno.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país. La defensa argumenta que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.

Para lograr sus objetivos, Saab ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales como el exjuez español Baltasar Garzón o el holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol).