EE. UU. alista nuevas sanciones y retiros de visas tras golpe a Ricardo Roa y más políticos colombianos

El cerco judicial y administrativo del gobierno de Estados Unidos contra figuras clave de la política y la economía nacional se estrecha de manera acelerada. Investigaciones adelantadas por agencias federales norteamericanas confirman que el retiro masivo de visados y las sanciones financieras no constituyen hechos aislados, sino que hacen parte de una robusta recolección de pruebas que ya se alimenta con testimonios locales, información recabada directamente en territorio colombiano y delaciones de exfuncionarios dispuestos a colaborar a cambio de inmunidad.

De acuerdo con revelaciones de la Unidad Investigativa de El Tiempo, emisarios federales arribaron recientemente al país para consolidar un listado de personajes que estarían presuntamente implicados en graves delitos como corrupción estatal, narcotráfico, soborno transnacional y posibles vínculos con organizaciones narcoterroristas. En el marco de estas diligencias, las autoridades estadounidenses habrían escuchado incluso a un exviceministro y cruzado bases de datos suministradas tanto por funcionarios activos como por exintegrantes del gobierno de Gustavo Petro que buscan beneficios judiciales en Norteamérica.

Las medidas punitivas recientes han sacudido el panorama político nacional. Hace apenas veinticuatro horas se notificó oficialmente la revocatoria de visados a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; a los congresistas y excongresistas Wadith Manzur, Karen Astrith Manrique, Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla, procesados por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, investigado por supuestos nexos paramilitares y enriquecimiento ilícito; y al exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa Betancur, vinculado a averiguaciones sobre la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Estas determinaciones se suman a las sanciones impuestas bajo la denominada lista OFAC, un escenario espinoso que involucra a la ex primera dama Verónica Alcocer, al expresidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al exministro Armando Benedetti. Fuentes consultadas por el diario advierten que la pérdida de la visa representa, en muchos de estos expedientes, “el paso anterior a sanciones administrativas y a la apertura de un indictment”, un patrón similar al observado en procesos de alto impacto internacional contra redes de lavado de activos y narcotráfico.

El común denominador en varias de las pesquisas apunta a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del petrismo, un flanco en el que figuran nombres como el de Nicolás Petro, el contratista Euclides Torres y el propio Ricardo Roa. No obstante, las autoridades extranjeras también indagan en contratos y manejos administrativos al interior de Ecopetrol, así como en la conducta de ciudadanos extranjeros radicados en el país, tales como los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, este último calificado por Washington como un objetivo de interés investigativo pese a las defensas locales que lo catalogan como un promotor cultural.

El alcance de las indagaciones federales promete escalar en las próximas semanas. Según se ha establecido, agencias norteamericanas procesan información clave entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el desfalco administrativo que habría afectado a la capital antioqueña durante la administración de Daniel Quintero, con posibles ramificaciones en contratos petroleros. Adicionalmente, las alarmas están encendidas sobre exmiembros de la Fuerza Pública, dirigentes políticos salpicados en el escándalo de la UNGRD y fichas de organismos de control presuntamente involucradas en la recepción de sobornos para archivar investigaciones penales.

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