Un duro aviso y una señal de máxima alerta se encienden para los miles de colombianos que se encuentran en los Estados Unidos o que planean solicitar asilo en ese país. La posibilidad de obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades norteamericanas ha alcanzado su nivel más bajo en al menos un cuarto de siglo. Así lo revelan los datos oficiales del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el programa de la Universidad de Syracuse que monitorea de cerca el sistema migratorio estadounidense, confirmando un panorama sumamente complejo bajo la administración de Donald Trump.
Durante el año fiscal 2026, apenas el 2,77 % de las solicitudes de asilo presentadas por colombianos fueron aprobadas, marcando la tasa más baja de la que se tenga registro comparable en la base de datos de TRAC. Este desplome sin precedentes, que significa que en lo que va del año prácticamente solo 2 de cada 100 solicitudes reciben luz verde, coincide con la agresiva ofensiva de la Casa Blanca para restringir el acceso al sistema de protección y endurecer la política migratoria general.
El aviso es claro al revisar la tendencia mes a mes en este 2026: en enero apenas 11 colombianos recibieron asilo; en febrero fueron 14; en marzo la cifra bajó a 12; y en abril se registraron 14 casos favorables. El contraste con el año 2025 es drástico, pues el año pasado el promedio de aprobaciones para ciudadanos colombianos rondaba las 80 solicitudes mensuales. Si bien las autoridades migratorias siguen resolviendo un volumen considerable de entre 800 y 1.000 solicitudes mensuales de colombianos, en los últimos cuatro meses menos del dos por ciento terminó con una decisión positiva.
Historicamente, las tasas de rechazo para los colombianos han sido elevadas, oscilando durante los últimos 25 años entre el 49,5 % y el 74,3 %. Sin embargo, la situación se ha tornado crítica: el año pasado la tasa de rechazo saltó al 82,8 % y en lo que va de 2026 ya promedia un alarmante 92,9 %, tocando un techo histórico en abril con un 98,2 % de respuestas negativas. Esta coyuntura ha cobrado una enorme relevancia en el país tras conocerse la reciente detención del activista político Beto Coral, un reconocido solicitante de asilo que fue arrestado en Phoenix (Arizona) por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Este adverso panorama no es exclusivo para Colombia, aunque los solicitantes nacionales enfrentan peores probabilidades que el promedio general. La política de restricción se aplica con fuerza a nivel nacional: la tasa de rechazo general en EE. UU. era del 49 % en 2024, ascendió al 70 % en 2025 y en este 2026 ya roza el 90 %. De las 66.319 solicitudes de asilo decididas este año en todo el territorio estadounidense, apenas 6.228 resultaron aprobadas.
La estrategia de la administración Trump incluyó la suspensión de la recepción de nuevas solicitudes bajo varios programas, así como el congelamiento y retraso en la adjudicación de numerosos casos en trámite. Paralelamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) paralizó la toma de decisiones sobre miles de procesos (permisos de trabajo, asilos, ajustes de estatus y naturalizaciones), ordenando revisiones adicionales y suspendiendo beneficios para ciudadanos de decenas de naciones sujetas a las restricciones de viaje impuestas por el mandatario.
A pesar de las alarmantes cifras, un importante aviso de alivio judicial se produjo la semana pasada, abriendo una ventana de esperanza para quienes tienen procesos bloqueados. El juez federal John J. McConnell Jr., de Rhode Island, anuló varias de las políticas restrictivas implementadas por USCIS al considerarlas contrarias a la legislación vigente y discriminatorias por el país de origen.
En un exhaustivo fallo de 135 páginas, el magistrado sostuvo que las medidas del gobierno Trump habían dejado “la vida de innumerables personas en suspenso únicamente por virtud de su país de nacimiento”, tildando las políticas de estar impulsadas por sentimientos antiinmigrantes. Con esta decisión, el juez anuló la congelación global de solicitudes de asilo administradas por USCIS y la suspensión de trámites para ciudadanos de 39 países incluidos en los vetos de viaje de la Casa Blanca, denunciando que muchas personas llevan más de seis meses sin estatus legal, sin trabajo y en la incertidumbre.
El fallo ordena formalmente a USCIS reanudar los procesos normales de adjudicación y empezar a resolver de inmediato más de un millón de solicitudes que se encontraban acumuladas. Si bien representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la agenda migratoria de Trump, el impacto real para los colombianos aún está por verse. La administración ha criticado con dureza la decisión del juez McConnell y se espera que apele ante tribunales superiores o busque mecanismos alternos para mantener el bloqueo, por lo que el llamado para los solicitantes colombianos sigue siendo el de avanzar en sus procesos con máxima cautela y asesoría legal calificada.