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El mandatario norteamericano ha fortalecido las políticas migratorias en su país y tiene una lista larga de regiones en las que busca adelantar más operativos.
Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el contexto para miles de migrantes, incluyendo colombianos, ha sido delicado, teniendo en cuenta que el mandatario ha ordenado gigantes operativos en diferentes estados y ciudades.
(Vea también: Gobierno de Donald Trump endurece restricciones para visas: “Perjudican a ciudadanos estadounidenses”)
En territorio norteamericano hay temor, teniendo en cuenta que los agentes migratorios adelantan un tipo de cacería que ni siquiera da tiempo de reaccionar y toman como excusa cualquier situación para proceder con tareas de deportación.
En este contexto, Donald Trump ha fortalecido en su discurso el término de “ciudad santuario”, zonas que tiene entre ojos. Dicho concepto se utiliza para describir a jurisdicciones que adoptan medidas destinadas a limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración, particularmente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En la práctica, estas ciudades, y en muchos casos, estados enteros, se abstienen de cumplir solicitudes de detención emitidas por ICE, restringen a la policía local de preguntar o compartir el estatus migratorio de los residentes y buscan, en esencia, construir relaciones de confianza con las comunidades inmigrantes.
Según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), entre los estados que han implementado políticas de santuario están California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington y Colorado, entre otros. La lista también incluye a Vermont, Utah y Rhode Island, lo que demuestra que estas medidas no se limitan a un solo color político o región.
Ciudades clave como Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Denver figuran entre las más visibles dentro del movimiento santuario. Todas ellas han adoptado ordenanzas locales que restringen el nivel de cooperación que sus autoridades pueden tener con ICE, especialmente en operativos de detención y deportación.
Aunque para sus defensores estas políticas protegen los derechos humanos y promueven la seguridad comunitaria, Trump y otros críticos sostienen que obstruyen el cumplimiento de la ley federal y pueden convertirse en refugio para personas con antecedentes delictivos.
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