Argentina adopta dura medida por bloqueos, que a Colombia le daría para recuperar platal

Los bloqueos de vías fueron una expresión de la protesta ciudadana en Colombia que tuvo su mayor auge durante las jornadas del paro de 2021. Superada esa crisis, la práctica de hacer esos cierres persiste en Colombia, afectando a la ciudadanía que no está involucrada en las reclamaciones de los que protestan.

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En Bogotá, por ejemplo, cada vez que una comunidad tiene algo que reclamar toma como primera opción bloquear a Transmilenio, con las graves consecuencias que esto conlleva para la movilidad de la ciudad, y para la vida particular de las personas que resultan afectadas.

Pero en las carreteas del país pasa algo similar. En septiembre, la Andi reveló que en los primeros nueve meses de este año se habían sumado en total 7.029 horas de bloqueos, lo que equivale a 292 días completos perdidos para el transporte de carga. También aseguró que los impactos económicos de más de 500 bloqueos dejaron pérdidas estimadas de 1,73 billones de pesos debido a las movilizaciones sociales.

De acuerdo con Colfecar, hasta noviembre de este año se contaban 579 bloqueos, lo que significa una pérdida de 331 días en las carreteras. En el congreso de ese gremio en Cartagena, su presidenta, Nidia Hernández, explicó las razones por las que más se presentan cierres: por servicios públicos (26 %), tierras y predios (17 %) y estado de las vías (7 %).

En ambos casos, en los cascos urbanos como en las carreteras, las protestas tienen un corolario que también representa una gravosa carga para los ciudadanos: la destrucción del mobiliario público y de otros bienes que después deben ser reparados, así como los costos de la movilización de la fuerza pública. Todos esos gastos seguramente pasan a la ciudadanía por vía de impuestos.

Estos datos no pueden conducir a la conclusión de que se deba constreñir la protesta, un derecho legítimo consagrado en la Constitución. A lo que apuntan es a que no se puede protestar causándoles daños a los demás ni a los bienes del Estado, ni hacer movilizar a la fuerza pública porque eso vale.

Drástica medida de Argentina contra los bloqueos

La situación la acaba de considerar el recién elegido gobierno de Argentina, que tomó una medida dirigida a recuperar la plata que sale del erario para pagar la movilización de las autoridades. Desde la perspectiva colombiana, significaría la recuperación de muchos millones de pesos gastados en ese rubro.

Ahora, las personas que participaron de la primera marcha en contra del gobierno de Javier Milei el miércoles pasado en Buenos Aires deberán pagar los gastos en que incurrieron las fuerzas de seguridad para resguardar su protesta, aseveró el viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El monto del operativo en el que participaron cuatro fuerzas de seguridad (Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería) fue estimado en 60 millones de pesos argentinos, unos 72.700 dólares al tipo de cambio oficial (más o menos 284 millones de pesos colombianos).

Esa “será la factura que se les pase a los movimientos sociales”, a los que intimará “para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, declaró Adorni.

Miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires en la primera protesta en la que se aplicó el ‘Protocolo de orden público’, también llamado “antipiquete”, que tiene como objetivo impedir los cortes de calles o bloqueos.

“Las calles no se toman…; si se toman las calles va a haber consecuencias”, había dicho en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.

La ministra ya había advertido que “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables”, así como que se les quitará el “plan social” (asistencia social) a aquellos que corten (bloqueen) la calle.

Las manifestaciones de las organizaciones sociales y otros grupos políticos son muy frecuentes en el centro de Buenos Aires, incluso con acampes en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia, y en la Avenida 9 de Julio, la principal arteria de la capital.