Economía
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Este se venía desempeñando como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y, luego de que lo restablecieran en su puesto, decidió dimitir.
Edmundo Jacobo se venía desempeñando como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en México. El empleado del Estado decidió renunciar al mismo tiempo que el presidente de la organización, Lorenzo Córdova, ya que se sentía presionado por el Gobierno.
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Jacobo había hecho unas afirmaciones que comprometían a agentes políticos importantes del país, por lo que luego de pronunciarse en contra de la reforma que quería acabar con muchos puestos dentro de la institución y defender al órgano electoral, fue víctima de una serie de acusaciones y ataques.
Ante esto, en su conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el presidente y el secretario (saldrán de su cargo el 3 de abril) y aseguró que no han sido transparentes en su renuncia y las verdaderas razones por lo que lo hicieron.
“El que se está retirando ahora, que estuvo como 14 o 15 años en el cargo, ‘Porfirito’, este, se va a llevar también más de 10 millones por su liquidación”, dijo el presidente antes de exhibir la cifra que el secretario ejecutivo se llevará al dejar el cargo y cuestionó los privilegios de los que goza un alto funcionario al recibir un trato especial que no reciben otros trabajadores en el país.
Además, aseguró que los otros consejeros, que tampoco seguirán en su cargo, también se llevarán 10 millones de pesos cada uno, lo que significa casi 550.000 dólares netos.
“Eso no han querido informarlo y se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia, un valor que no están cumpliendo”, continuó diciendo el mandatario.
En cuanto a los beneficios, López Obrador dijo que se gozaba de servicio médico privado, cuyo monto total ascendía a 6.000 millones de pesos; así como de una caja de ahorro, que les permitió llevarse un monto monetario cuando los funcionarios finalizaban sus actividades.
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No obstante, recordó que aunque su ley de austeridad eliminó ambas medidas, tanto los integrantes del poder judicial como los consejeros del INE se ampararon.
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