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El mandatario le solicitó a su gabinete inscribir el comité para asamblea constituyente “antes de que termine el año” y se mostró afanado por el proceso.
Gustavo Petro dirigió un nuevo consejo de ministros que fue transmitido por canales de la Presidencia. En el encuentro, el mandatario hizo referencia a la asamblea nacional constituyente que impulsa su Gobierno.
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En ese sentido, el presidente afirmó que el comité para la asamblea constituyente se debe inscribir antes de que finalice 2025, con el propósito de definir el rumbo institucional de Colombia antes del cierre de su mandato.
“El poder constituyente del compañero ministro de Trabajo es para ya. Ahí están una serie de proyectos ya listos, pero el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes y antes de que termine el año”, indicó Petro.
El anuncio dejó marcada una fecha en la agenda nacional para antes de concluir su mandato; sin embargo, la iniciativa contradice las declaraciones de campaña y al inicio de su Gobierno, en las cuales afirmó que no buscaba una constituyente.
Una asamblea constituyente es un órgano extraordinario, independiente de los poderes públicos tradicionales, que recibe la facultad de redactar, modificar o sustituir una Constitución Política.
Funciona como un mecanismo excepcional de rediseño institucional y establece las bases jurídicas que regirán al país durante décadas. En la historia reciente de Colombia, su precedente inmediato es la asamblea que dio vida a la Constitución de 1991, uno de los hitos institucionales más relevantes del siglo XX en el país.
Petro impulsa este camino con el argumento de que la estructura política actual llegó a un límite. Según su diagnóstico, el modelo institucional vigente no responde a las necesidades sociales y frena reformas relacionadas con participación, equilibrios de poder y justicia social. Desde su lectura, una asamblea constituyente permitiría discutir cambios de fondo que el Congreso no estaría dispuesto a admitir.
Para Petro, este mecanismo representa una vía para enfrentar lo que considera “una clase política degradada” y un sistema que no soporta transformaciones profundas. La iniciativa plantea entregar el proyecto al próximo Congreso, con el fin de que la ciudadanía tenga un papel central mediante un eventual mecanismo de validación popular.
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