"Hay que afrontar": defensa de 'Epa Colombia' aclaró futuro jurídico de la 'influencer'

La situación de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia‘, continúa causando preocupación para sus seguidores. Luego de su captura por los incidentes de vandalismo en noviembre de 2019, su abogado, Omar Ocampo, ha sido un mediador crucial entre la influenciadora y las autoridades judiciales y penitenciarias.

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Durante una reciente entrevista con W Radio, Ocampo expresó su preocupación por las condiciones en las que su cliente podría cumplir su condena. Ocampo subrayó la importancia de proteger la integridad física y psicológica de Barrera durante su tiempo en reclusión.

Asimismo, en cuanto a los recursos jurídicos que le quedan a la ‘influencer’, el jurista aseguró que “hay que afrontar” y mencionó que ya se agotaron las instancias y la Corte Suprema tenía la última palabra.

¿Cúal es la cárcel asignada para Epa Colombia?

Aunque aún no se ha asignado un centro penitenciario específico para que cumpla su condena, el abogado destaca su interacción constante con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el objetivo de garantizar que se respeten las mínimas condiciones de seguridad y bienestar.

En este sentido, la Cárcel El Buen Pastor sería el posible lugar de reclusión. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada y Ocampo busca que  ‘Epa Colombia’ pague condena en una guarnición militar, como pasa con algunos políticos.

Ocampo resaltó la necesidad de considerar todas las posibilidades mientras sigue luchando para que se respeten los derechos de la ‘influencer’, incluyendo su rol como madre de una niña de solo ocho meses.

El caso ha atraído considerable atención no solo por el perfil público de la empresaria, sino también por la naturaleza de los cargos en su contra. En 2019, en el medio del Paro Nacional, Barrera fue filmada mientras vandalizaba una estación de TransMilenio, destruyendo vidrios y otros elementos con un martillo.

A pesar de pedir disculpas públicamente, fue condenada por múltiples delitos, incluidos daño en bien ajeno y perturbación del servicio público, y posteriormente se le añadió el cargo de instigación a delinquir con multas terroristas. Inicialmente, Barrera recibió una pena de tres años y medio, pero después de apelar, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aumentó la condena a cinco años y tres meses.