Repartidores de Rappi alzan la voz: miles protestan en Colombia por mejores tarifas y derechos laborales

Un nuevo capítulo en la disputa laboral de plataformas digitales se vive en Colombia con la protesta de repartidores de Rappi, quienes exigen mejores condiciones y un reajuste en sus tarifas. Bajo la presencia de Pablo Villegas, CEO de la compañía para Colombia, Argentina y Uruguay, los trabajadores han solicitado no solo el aumento de la comisión por servicio —congelada desde hace más de dos años—, sino también garantías mínimas en materia laboral. Así lo evidencian las declaraciones de Yudy Aya, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Aplicaciones por Colombia (SINATRAP), quien aseguró que solo en Armenia se congregaron cerca de 200 trabajadores, mientras que en toda la región del Eje Cafetero suman alrededor de 1.500. El sindicato estima que, a nivel nacional, más de 65.000 personas están vinculadas como domiciliarios de la plataforma.

La principal protesta surge porque la base de la comisión por cada entrega sigue fijada en 3.050 pesos colombianos, una suma que, según trabajadores, no cubre el mínimo vital que ellos calculan en 1.300.000 pesos mensuales. Esta situación se agrava, sostienen, cuando enfrentan condiciones adversas como la lluvia o rutas de alto riesgo, sin que ello se refleje en sus pagos. Tales demandas han estado marcadas por la negativa de la empresa de establecer espacios efectivos de diálogo con los manifestantes, lo que, según SINATRAP, incrementa la tensión y la sensación de desprotección.

En el trasfondo de este conflicto subyace una problemática global: la disyuntiva entre el modelo de “colaboradores autónomos” y la necesidad de garantizar condiciones mínimas de empleo. La presidenta sindical ha hecho énfasis en la falta de protección en caso de accidentes y en la imposibilidad de acceder a beneficios sociales básicos, una situación que el Ministerio de Trabajo señaló en la publicación Ámbito Jurídico (2024) como preocupante y que ha motivado llamados para regularizar este sector emergente.

Las demandas no se limitan al aumento de la tarifa. Los trabajadores de Rappi solicitan acceso a coberturas de salud y riesgos laborales, reconocimiento de sus derechos familiares y de descanso, y mecanismos de negociación donde puedan expresarse sin temor a bloqueos de cuentas o sanciones arbitrarias. Este panorama obliga a repensar procesos regulatorios, pues de acuerdo con datos de Fedesarrollo (2021), solo en Bogotá se concentra el 49 % de quienes trabajan para aplicaciones de domicilios.

Más aún, el crecimiento de la economía digital en Colombia es notorio: datos recientes recabados para la alianza entre LA PATRIA y el Canal Regional Telecafé señalan que en 2024 existieron más de 645.000 repartidores activos, una cifra que contrasta con los cerca de 200.000 trabajadores reportados por estudios académicos en 2020. Por otro lado, la reforma laboral de 2025 reconoce por primera vez que este sector puede aportar a salud, pensión y riesgos laborales, dependiendo del tipo de vínculo contractual, reflejando un avance hacia la protección e inclusión social.

El fenómeno de la sindicalización entre trabajadores de aplicaciones va en aumento, aunque no exento de riesgos como amenazas o retaliaciones. Propuestas para normalizar el modelo sugieren establecer tarifas mínimas, cobertura integral en seguridad social, transparencia en algoritmos de asignación de pedidos y mesas de diálogo tripartito (empresa, trabajador y Estado). Sin este proceso, advierten expertos, crecerán las protestas, menguará la calidad del servicio y se incrementarán los retos legales, afectando tanto a la empresa como a quienes dependen de esta actividad.

En este contexto, la protesta de los domiciliarios de Rappi no solo visibiliza una demanda puntual de ajuste salarial, sino la urgente necesidad de que el Estado, la empresa y los trabajadores encuentren un equilibrio que permita la sostenibilidad del modelo digital sin desmedro de los derechos fundamentales de quienes lo hacen posible.

¿Qué implica ser “colaborador autónomo” en las plataformas digitales?

Una de las mayores controversias en torno al trabajo con aplicaciones como Rappi radica en la figura del “colaborador autónomo”. Este término describe a quienes, bajo la promesa de independencia y flexibilidad, asumen la responsabilidad de sus herramientas de trabajo y tiempos, pero en la práctica, deben acatar algoritmos, aceptar pedidos y están expuestos a sanciones como el bloqueo de cuentas. Este modelo posibilita la expansión de la economía digital, aunque también genera relaciones laborales precarias y falta de acceso a beneficios sociales básicos.

La importancia de clarificar este vínculo es fundamental en el debate público, pues de él depende si los trabajadores pueden acceder a derechos como salud, pensión y riesgos laborales. De la regulación y el reconocimiento de este estatus se deriva buena parte de las luchas y los reclamos que hoy motivan movilizaciones y reformas en el sector.