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La Superintendencia de Sociedades multó a Pimentel por supuestamente mantener el control del club boyacense, pese a no estar registrado de esa manera.
La entidad detalló que multó a Pimentel por mantenerse como la persona que controlaba al Boyacá Chicó, pese a que en el registro mercantil aparecían sus hijos como las personas a cargo.
“Se impuso una multa por valor de dieciséis millones novecientos mil pesos ($ 16’900.000), por no revelar la situación de control en el registro mercantil de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995″, detalló la Supersociedades en su misiva.
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Asimismo, esa superintendencia agregó que esto es clave para destapar casos en los que empresas familiares muestran una cosa en los papeles y hacen otra por detrás.
“Este caso resulta especialmente significativo dentro del contexto de las empresas familiares, por cuanto la entidad enfatizó que, aunque los hijos eran los accionistas titulares de la mayoría accionaria, el señor Eduardo Pimentel Murcia conservó el máximo poder decisorio”, apuntó la entidad en su comunicado.
Desde la entidad resaltaron que todas las compañías deben mantener claras sus líneas de mando y así evitar sanciones de cualquier clase.
“Uno de los pilares del gobierno corporativo es la transparencia en la información, por lo cual resulta relevante que se publicite la identificación de las personas que controlan a las empresas“, sentenció el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
La Superintendencia de Sociedades en Colombia es una entidad gubernamental que supervisa y regula a las sociedades comerciales en el país. Su función principal es garantizar que estas entidades operen conforme a la ley y a los principios de buen gobierno corporativo.
Opera a través de varias divisiones, cada una encargada de aspectos específicos como la vigilancia, inspección y control de sociedades, el manejo de procesos de insolvencia y reorganización empresarial, y la resolución de conflictos societarios.
La Superintendencia tiene la facultad de intervenir en sociedades que presenten irregularidades o problemas financieros graves, ya sea para reestructurarlas o liquidarlas.
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