Qué tan efectivos son los $ 500.000 de Renta Ciudadana para combatir la pobreza

Hasta $ 500.000 mensuales comenzó a entregar el Gobierno Nacional a las familias colombianas más pobres, en cumplimiento a una de sus promesas de campaña de hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”.

(Le puede interesar: Alertan por primeros retrasos de los $ 500.000 de Renta Ciudadana; ¿por qué tanta demora?) 

Se trata de Renta Ciudadana, un programa que hace parte del ‘revolcón’ a los subsidios que está haciendo el Gobierno de Gustavo Petro, con el que pretende unificar para el próximo año las ayudas de Familias en Acción e Ingreso Solidario, en un sistema único de transferencias.

Los beneficiados de Renta Ciudadana

El pasado 29 de abril, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) realizó el primer pago de Renta Ciudadana, un programa que busca beneficiar a más de 3,3 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

De acuerdo con la entidad, hasta este martes 9 de mayo el 57 % de las familias beneficiarias ya recibieron la transferencia y, de manera escalonada, los hogares recibirán los primeros recursos hasta el próximo 30 de mayo.

(Lea también: “Estoy temblando”: mujer, emocionada, por subsidio (más de $ 500.000) que le llegó)

En total, para este programa el Gobierno destinó un presupuesto de alrededor de $ 7 billones, de los cuales para el primer ciclo ya se invirtieron $ 796.435 millones.

“Tránsito a Renta Ciudadana beneficiará a 1,4 millones de hogares más de los que tuvo Familias en Acción en la fase tres de operación. Eso es un aumento de 42,4 % en cobertura (…) Una familia beneficiaria podrá recibir hasta $ 1 millón cada dos meses, dependiendo de la conformación de la familia y la priorización territorial”, explicó Cielo Rusinque, directora del DPS.

Y resaltó que los montos son mucho mayores que los que se manejaban en Familias en Acción, pues en este se entregaban entre $25.000 y $130.000 mensuales.

¿El subsidio reduce la pobreza?

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre las metas fijadas de este programa social está que la pobreza monetaria en el país pase del 39 % en 2021 al 30 % en 2026, y que la pobreza extrema pase del 12,2 % al 3,4 %. Con esto, se buscaría sacar a 3 millones de personas de la pobreza monetaria y otras 4 millones de la pobreza extrema.

(Vea también: A catalán amigo de Petro le dieron jugoso contrato en el Ministerio de Trabajo)

Desde la óptica de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, todavía es difícil dar una valoración sobre el nuevo esquema de Renta Ciudadana, puesto que aún no se ha hecho un mapeo completo de las transferencias.

“Solamente con la aprobación del PND se plantea la facultad de que el Presidente de la República, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación y el DPS, pueda hacer una reconfiguración de todos los subsidios para, de alguna manera, simplificar las herramientas e instrumentos sociales y focalizarlos”, explicó Mejía.

Y recalcó que si bien estos subsidios son necesarios, lo más sustancial para la reducción de la pobreza es el crecimiento económico de un país. “Más del 70 % de las ganancias en reducción de pobreza antes del COVID-19 vinieron de ese mayor crecimiento y de cómo este generó más empleo”, dijo.

En este sentido, para Mejía ayudas como estás deben ser limitados en montos y tiempo. “Son importantes pero son complementarios y solos no son suficientes. Lo que se requiere son oportunidades laborales y una mayor actividad económica”, añadió el directivo de Fedesarrollo.

A su turno, el docente de la Universidad Nacional, Raúl Ávila, manifestó que este tipo de subsidios tienen todavía algunos vacíos, por ejemplo, en cuanto a focalización, pues algunas veces lo reciben personas que no lo necesitan.

“Estos programas ayudan a reducir las desigualdades, pero hay que trabajar en criterios de focalización, puesto que la consecución de esos recursos puede aumentar la carga fiscal, por lo que una desmedida de estos tendría graves implicaciones para el país”, apuntó Ávila.

El doble desafío

Chile, Argentina, Brasil y Ecuador son algunos países de la región que también han implementado políticas sociales para los más vulnerables.

Pero para algunos expertos esto en sí no significa un avance. Según la Cepal, las políticas de superación de la pobreza y reducción de las desigualdades deben enfrentar y contribuir a superar de manera simultánea un doble desafío: inclusión social y laboral. Por ejemplo, analistas del organismo trajeron el caso de Ecuador y su programa Bono de Desarrollo Humano.

Según un estudio realizado en 2011, durante el gobierno del presidente de izquierda, Rafael Correa, los ecuatorianos en edad de trabajar que vivían en alguno de los hogares beneficiados tenían una menor probabilidad de dejar el desempleo respecto a quienes no recibían la transferencia. Por su parte, las madres beneficiarias permanecían desempleadas tres meses más que las que no recibían el subsidio.

Y aunque esta situación es diferente en cada país, el llamado de la Cepal a los gobiernos es a lograr, al menos, niveles básicos de bienestar para sus habitantes mediante el acceso a servicios de calidad y a oportunidades de trabajo decente.

De hecho, para Mejía la política económica no debe escoger entre entregar subsidios a los ciudadanos de bajos ingresos o destinar estos recursos para promover la actividad productiva. “La asistencia monetaria debe estar acompañada de otras políticas que abarquen aspectos como salud, educación y capacitación para el trabajo laborales, con el fin de que los subsidios tengan un mayor impacto, logrando así terminar las trampas de pobreza”, puntualizó.