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La SIC inició investigaciones y ordenó controles más estrictos para evitar la venta de tabaco y vapeadores. Asimismo, puso freno a diversas compañías.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició investigaciones y ordenó controles más estrictos para evitar la venta de tabaco, vapeadores y productos relacionados a menores de edad en el comercio electrónico, en aplicación de la Ley 2354 de 2024 o Ley antivapeo.
Tras visitas administrativas realizadas entre agosto y septiembre de 2025 a 27 establecimientos físicos y digitales, la entidad abrió investigaciones contra diez proveedores por presuntas irregularidades que vulnerarían los derechos de los consumidores y las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.
Entre las posibles infracciones detectadas se encuentran la comercialización de productos con empaques atractivos para menores, prácticas que podrían incentivar su consumo y la promoción indirecta de estos artículos, pese a la prohibición total de publicidad.
Además, se identificaron faltas al régimen general de protección al consumidor, como información esencial solo en inglés, ausencia de precios visibles, incumplimiento de los deberes de identificación de los proveedores en plataformas digitales y deficiencias en la información sobre la entrega de vueltas correctas.
Adicionalmente, mediante la Resolución 106801 de 2025, la SIC ordenó a once empresas implementar medidas reforzadas para impedir el acceso de menores, como doble verificación de edad, advertencias visibles, filtros tecnológicos y protocolos de control en la entrega de productos.
Con estas acciones, la entidad reafirmó su compromiso con la protección de la salud y los derechos de los menores, y anunció que continuará con labores de vigilancia y control.
La Superintendencia de Industria y Comercio, conocida como la SIC, es la entidad del Estado colombiano encargada de proteger a los consumidores, promover la libre competencia y vigilar el adecuado funcionamiento de los mercados.
Su labor busca garantizar que empresas y comercios cumplan la ley, ofrezcan información clara y no incurran en prácticas que afecten a los ciudadanos o distorsionen la economía.
La SIC opera como autoridad nacional en temas de protección al consumidor, competencia económica, metrología legal y propiedad industrial, que incluye marcas, patentes y derechos de autor relacionados con la industria.
En materia de consumo, recibe quejas, adelanta investigaciones y puede imponer sanciones a empresas que incumplan normas, engañen a los usuarios o vulneren sus derechos.
También emite órdenes administrativas para corregir conductas irregulares y prevenir riesgos, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables como niños y adolescentes.
En cuanto a la libre competencia, la SIC investiga y sanciona prácticas como carteles, acuerdos ilegales entre empresas, abuso de posición dominante y otras conductas que limiten la competencia.
La entidad actúa de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, realiza visitas de inspección y analiza pruebas antes de tomar decisiones. Aunque impone sanciones, también garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa, contribuyendo a mercados más justos, transparentes y equilibrados en Colombia.
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