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El Gobierno Nacional no para de recibir cuestionamientos por el posible desfinanciamiento del sistema de salud para 2023, por recortes de presupuesto.
La ministra de Salud, Carolina Corcho, sugirió en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales al sector salud de $ 8,1 billones a $ 3,8 billones, para 2023. Su propuesta encendió las alarmas en el gremio médico porque podría tratarse de un inminente desfinanciamiento del sistema.
Dejar sin recursos los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación representa un problema que involucra a todos los actores del sistema de salud: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores.
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“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió la presidenta ejecutiva de Acemi, Paula Acosta.
En un informe de ese centro de estudios, citado por La República, se analizó las discusión que se adelanta en el Congreso con respecto a la financiación del sector salud. Allí, explican lo que podría significar disminuir el dinero destinado al aseguramiento y las consecuencias que esa situación tendría sobre las cifras de pobreza en el país.
Según expone el documento, un posible incremento del gasto de bolsillo en salud (pagos directos que tienen que hacer los hogares en bienes y servicios del sector salud como medicamentos no incluidos en el POS, hospitalizaciones o procedimientos ambulatorios) aumentaría en 1,5 puntos porcentuales la pobreza monetaria a nivel nacional.
Anif señala que no se pueden desconocer los avances en cobertura, acceso, calidad y equidad que ha logrado el sistema en los últimos 30 años. Por lo tanto, cuestiona que no se destine el dinero que necesita el sistema.
“Es por esto que la discusión que se está dando en el Congreso sobre presupuesto para el aseguramiento toma una mayor relevancia, pues no asignar los recursos suficientes podría significar un retroceso en este sentido, más ahora que el país y los hogares atraviesan los coletazos de la pandemia. La discusión sobre el presupuesto de la salud, en particular del aseguramiento, es central para el desarrollo de una política social progresiva”, dijo Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos de Anif.
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