Salario mínimo podría volver a subir en 2026, según anunció Petro; presidente puso condición

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El mandatario aseguró que subiría otra vez el salario mínimo en Colombia si el Banco de la República mantiene la tendencia en alza de tasas de interés.

El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sobre un posible nuevo incremento del salario mínimo en Colombia, condicionado a las decisiones del Banco de la República frente a las tasas de interés.

(Vea también: Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026: un salario mínimo no le alcanza)

Durante el consejo de ministros del martes 21 de abril, el mandatario señaló que, si la autoridad monetaria mantiene o incrementa el costo del crédito, el Gobierno respondería con un nuevo ajuste en el salario mínimo.

“Si la Junta sigue en esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, afirmó el jefe de Estado, en referencia a la política del emisor. El anuncio se da en medio de un choque entre el Ejecutivo y el Banco de la República, luego de un reciente aumento de tasas de interés en 100 puntos porcentuales.

Para el presidente, estas decisiones afectan la economía y no responden a las causas reales de la inflación, que —según su postura— estarían ligadas a factores como el sector energético.

Salario mínimo ya tuvo un fuerte incremento en 2026

El salario mínimo en Colombia registró en 2026 uno de los incrementos más altos de los últimos años, con un ajuste cercano al 23 %, lo que llevó el ingreso básico mensual a $ 1.750.905 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Con ese subsidio, el pago total para quienes devengan el mínimo se acerca a los 2 millones de pesos, una cifra pensada para compensar el aumento en el costo de vida y la inflación acumulada.

Este incremento ubica el salario mínimo del país entre los de mayor crecimiento en la región y también implica mayores costos para empresas y empleadores, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, donde el ajuste impacta directamente la nómina.

Gremios advierten que este aumento puede presionar la contratación formal y los márgenes de operación, en particular en pequeñas y medianas empresas que enfrentan limitaciones financieras.

Desde el Gobierno de Gustavo Petro, la medida se plantea como una forma de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto marcado por el encarecimiento de bienes y servicios básicos.