Ponen dura multa a Claro por jugada con sus clientes: sanción supera los $ 2.000 millones

La SIC impuso una cuantiosa multa a la compañía por vulnerar el derecho a la portabilidad numérica de usuarios beneficiarios de uno de sus programas.

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Claro con una multa superior a 2.013 millones de pesos por vulnerar el derecho a la portabilidad numérica de usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil MINTIC 1, también conocido como NavegaTIC.

Según la Resolución 95096 de 2025, Claro rechazó numerosas solicitudes de portación argumentando que estos usuarios tenían una supuesta mora relacionada con las líneas entregadas dentro del programa.

Sin embargo, la investigación estableció que esa deuda no existía y que la empresa no pudo demostrarla.

El programa Última Milla Móvil del MinTIC buscaba promover la inclusión digital mediante la entrega de planes móviles gratuitos a estudiantes de colegios oficiales y población vulnerable de estratos 1 y 2 en diferentes municipios.

Los beneficiarios recibían datos, minutos ilimitados y acceso a portales educativos sin costo. Aunque las condiciones del programa advertían que al portar la línea el usuario perdía el beneficio, esto no implicaba una obligación de pago.

Aun así, Claro interpretó erróneamente la pérdida del beneficio como una deuda, usando ese argumento para bloquear cambios de operador.

La SIC consideró esta conducta grave porque afecta la libertad de los usuarios para elegir operador y constituye una barrera al régimen de portabilidad. Contra la sanción proceden recursos de reposición y apelación.

¿Por qué la SIC sanciona a empresas en Colombia?

La Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a empresas en Colombia porque es la entidad encargada de vigilar que se respeten los derechos de los consumidores, se garantice la libre competencia y se cumplan las normas del mercado.

Cuando una empresa incumple obligaciones legales, genera riesgos para los usuarios o afecta la transparencia económica, la SIC puede investigar y, si encuentra pruebas, imponer multas o medidas correctivas.

Una de las razones más comunes para sancionar es la vulneración de los derechos de los consumidores, por ejemplo, cuando se presta un servicio deficiente, se oculta información, se engaña al usuario con publicidad, se dificultan trámites como la garantía, la terminación de contratos o la portabilidad numérica en telecomunicaciones.

También sanciona por prácticas restrictivas de la competencia, como acuerdos para fijar precios, abuso de posición dominante o conductas que limiten la libre elección de los ciudadanos.

Otra causa frecuente es el incumplimiento de normas técnicas o de protección de datos personales, lo que puede poner en riesgo la seguridad o privacidad de las personas.

En todos los casos, la SIC actúa para proteger el interés público, asegurar un mercado justo y evitar que empresas incumplan sus deberes sin consecuencias. Sus decisiones buscan corregir malas prácticas y prevenir que estas afecten a más usuarios o competidores.