Medellín
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La primera tarea que deberá realizar el nuevo presidente de los colombianos será la de pagar alrededor de 5 millones de dólares en abogados para enfrentar las multimillonarias demandas que, en total, son el equivalente a dos reformas tributarias.
Gremios del sector minero-energético y de telefonía móvil pretenden un desembolso de 5.000 millones de dólares tras verse afectados por diferentes incumplimientos del Estado, lo que sería un golpe muy fuerte para el erario de la Nación, señaló El Tiempo.
Las reclamaciones que enfrentará el nuevo Gobierno de Colombia son:
La multinacional suiza demandó al país por 594 millones de dólares por la afectación financiera que sufrió su filial en Colombia, C. I. Prodeco.
La firma española reclamó por temas relacionado con contratos de concesión que fueron firmados en 1994 con el país y que tenían cláusula de reversión de equipos cuando estos vencieran. La empresa tuvo que pagar 4,3 billones de pesos por esa estipulación, lo que consideró como una decisión arbitraria.
Es el mismo caso de Telefónica. Los mexicanos también se vieron afectados por estas cláusulas y junto a los españoles entablaron demandas internacionales por 1.414 millones de dólares.
La demanda de los canadienses es por 118 millones de dólares por considerarse afectados por la delimitación del páramo de Santurbán que alcanzó parte del terreno autorizado para la explotación.
Esta firma, con sus oficinas principales ubicadas en Toronto (Canadá), tienen el mismo inconveniente que sus compatriotas de Red Eagle y demandaron al Estado por 196 millones de dólares.
El reclamó de esta compañía es por 764 millones de dólares tras verse perjudicada por las mismas razones de las empresas canadienses anteriormente señaladas. Ellos vendieron sus acciones a Tenor Capital Management, una compañía experta en demandar Estados.
Esta empresa canadiense se ha visto afectada porque las entidades estatales no los han querido ayudar con el desalojo de mineros ilegales ubicados en un área de Marmato (Caldas) que pertenece a su jurisdicción. La demanda es por 250 millones de dólares.
La familia Carrizosa consideró arbitraria la intervención con la entidad bancaria en 1998, por lo que tienen dos intenciones de demanda contra el Estado colombiano.
Los abogados defensores del país dicen tener la mayoría de estos casos ganados. Sin embargo, no descartan llegar a conciliaciones con algunas de estas firmas.
Estas demandas tienen que ver con decisiones tomadas en las administraciones de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
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