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La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar en Colombia por rechazar sin sustento las solicitudes de portabilidad hacia otros operadores.
La SIC sancionó con $ 626’400.000 a Movistar por impedir la portabilidad numérica de las líneas móviles de sus usuarios. La decisión se tomó luego de evidenciar que la empresa rechazó las solicitudes de portabilidad hacia otros operadores, con el argumento de que los solicitantes no eran los titulares de las líneas o que los mismos se encontraban en mora.
(Lea también: ¿Qué se traen entre manos Movistar y Tigo con nueva empresa?; sería un duro golpe a Claro)
La portabilidad es la conservación del número de teléfono cuando un usuario pretende cambiar de operador. Las compañías telefónicas gestionan diariamente cientos de solicitudes de este tipo, no obstante, es un proceso que produce muchas consultas y reclamaciones entre los consumidores.
Según la entidad, Movistar rechazó algunas solicitudes de portabilidad indicando que el nombre suministrado en la solicitud no coincidía con la información de sus sistemas.
“La SIC pudo comprobar que se trataba de problemas de digitación en las bases de datos. Por otra parte, la empresa tampoco acreditó haber remitido los soportes de dichos rechazos al Administrador de Bases de Datos, de acuerdo con lo exigido por la ley”, expresó la entidad.
La Superintendencia comprobó que la información presentada por la compañía investigada era inexacta, por cuanto en la documentación allegada no se indicaron con precisión las fechas en que se reportó al Administrador de Bases de Datos el rechazo de las solicitudes de portabilidad, pues en unas imágenes se indicó que la fecha era la del corte de facturación, en otras, que correspondía a la que el usuario ingresó al sistema, que era la fecha de emisión de la factura o la fecha en que se efectuó la portabilidad, las cuales no eran coincidentes ni siquiera con las de las solicitudes de los consumidores del servicio.
Contra la decisión tomada por la SIC proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.
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