Reconocida editorial entró en reorganización empresarial: hay deudas de más de $ 2.000 millones

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SuperSociedades aceptó a Legis Editores en el proceso de reorganización por millonarias deudas que incluyen seguridades sociales no pagadas.

Legis Editores S. A., compañía reconocida por sus publicaciones jurídicas y científicas, fue admitida por la Superintendencia de Sociedades a un proceso de reorganización empresarial para buscar una salida a sus dificultades financieras. La decisión permite que la firma se acoja a los mecanismos establecidos en la Ley 1116 de 2006, que busca facilitar la recuperación de empresas en situación de insolvencia.

La admisión se produjo después de que la entidad revocara un rechazo emitido el 16 de octubre. Según la información del caso, una falla técnica en el sistema de gestión documental impidió visualizar a tiempo los documentos con los que la empresa había subsanado los requisitos exigidos. Una vez revisada esa situación, la Superintendencia dio vía libre al trámite.

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Entre las razones que sustentan la solicitud están las obligaciones vencidas por más de 90 días con dos o más acreedores, que suman $2.673 millones y representan el 11 % del pasivo total. A esto se agregan al menos dos procesos ejecutivos vigentes que reclaman pagos por $3.579 millones. Con corte al 31 de julio de 2026, Legis reportó activos por $34.180 millones.

La compañía ha sido conocida por la edición y comercialización de libros, revistas y otros contenidos especializados. Sin embargo, en los últimos años amplió su actividad hacia el sector tecnológico, con servicios que incluyen desarrollo de software, inteligencia artificial, automatización de procesos, comercio electrónico, minería de datos y administración de plataformas digitales. La reorganización busca proteger la continuidad de la operación y preservar los empleos.

El panorama financiero también incluye obligaciones prioritarias por $2.909 millones en retenciones fiscales, $533 millones en aportes a la seguridad social y $44 millones correspondientes a descuentos realizados a trabajadores. La Superintendencia advirtió que las deudas fiscales y de seguridad social deben pagarse por completo antes de que se apruebe un eventual acuerdo de reorganización. Mientras avanza el proceso, la empresa tendrá restricciones para pagar obligaciones anteriores, vender activos por fuera de su actividad habitual, constituir nuevas garantías o modificar sus estatutos sin autorización.

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Con la admisión al trámite, las nuevas demandas ejecutivas contra Legis quedan prohibidas y los procesos de cobro que ya están en curso deberán incorporarse a la reorganización. El representante legal tendrá dos meses para actualizar el inventario de activos y pasivos, presentar la clasificación de créditos y entregar una proyección de flujo de caja que permita evaluar las posibilidades de recuperación financiera. La admisión no significa que la empresa haya superado sus dificultades, sino que inicia un procedimiento formal para buscar una solución con sus acreedores.