Gobierno De la Espriella le quiere reversar a Petro cambio grande que hizo en las pensiones

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El ejecutivo propone cambiar las reglas de las rentas vitalicias tras una caída del 64 % en su emisión y mayores costos para financiar estas pensiones.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda, presentó un proyecto de decreto que busca modificar el mecanismo de financiación de las rentas vitalicias en Colombia, una modalidad del sistema pensional en la que las aseguradoras garantizan el pago de una mesada durante toda la vida del beneficiario.

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La iniciativa plantea reversar parte de las modificaciones introducidas por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 1485 de diciembre de 2025, que ajustó el mecanismo de cobertura frente a los incrementos del salario mínimo superiores a la inflación.

Según el Ministerio de Hacienda, los cambios anteriores habrían elevado los recursos necesarios para financiar estas pensiones, generando mayores costos para las aseguradoras y dificultades para ampliar la oferta de rentas vitalicias en el país.

Con la nueva propuesta, el Gobierno busca restablecer las condiciones de cálculo que regían anteriormente y ajustar los mecanismos mediante los cuales el Estado reconoce los costos adicionales asociados al incremento del salario mínimo.

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Rentas vitalicias registraron caída del 64 % en el primer semestre de 2026

Las cifras oficiales muestran que entre enero y junio de 2025 se emitieron 6.478 rentas vitalicias en Colombia, mientras que durante el mismo periodo de 2026 se registraron 2.319, lo que representa una disminución del 64 %.

La mayor reducción se presentó en las pensiones por invalidez, que pasaron de 2.652 a 777. Por su parte, las rentas vitalicias de sobrevivientes disminuyeron de 3.200 a 1.083, mientras que las correspondientes a pensiones de vejez bajaron de 626 a 459.

Hacienda señala que esta caída podría estar relacionada con el incremento de los costos de financiación derivado de las modificaciones regulatorias de 2025, aunque no establece una relación causal exclusiva entre ambos factores.

El análisis oficial advierte que la incorporación de un componente asociado a la inflación en el mecanismo anterior pudo incrementar significativamente el capital requerido para financiar pensiones equivalentes a un salario mínimo, afectando la disponibilidad de esta modalidad en el mercado asegurador.

En entrevista con Blu Radio, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respaldó la revisión del mecanismo y explicó la importancia de contar con una cobertura adecuada frente a los incrementos del salario mínimo que superan la inflación.

Hacienda estima beneficio económico potencial de 4,1 billones de pesos

Uno de los principales ajustes consiste en restablecer como parámetro de cálculo el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años, utilizado antes de las modificaciones de diciembre de 2025.

El proyecto también propone dos modalidades para reconocer los mayores costos a las aseguradoras: un pago asociado al incremento de las reservas necesarias para financiar las pensiones o pagos anuales acompañados de una reserva administrada por el Ministerio de Hacienda.

La selección del mecanismo correspondería al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, mientras que las aseguradoras continuarían siendo responsables del pago de las mesadas a los beneficiarios.

De acuerdo con los cálculos de Hacienda, mantener el esquema anterior habría representado un beneficio económico potencial de $4,1 billones, frente a un costo fiscal adicional estimado en $680.000 millones, durante el periodo 2016-2025. Se trata de estimaciones del Ministerio y no de ahorros que el Gobierno haya obtenido.

La iniciativa también establece reglas de transición para determinadas rentas vitalicias expedidas bajo la normativa de 2025, con la posibilidad de realizar ajustes contractuales acordados entre las partes, siempre que se respeten los derechos adquiridos.

El proyecto de decreto se encuentra en etapa de consulta pública y todavía no modifica las disposiciones vigentes del sistema pensional colombiano.