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La administración de Gustavo Petro impondrá un nuevo impuesto para financiar las acciones de seguridad e inversión social en Catatumbo.
Se trata de un impuesto temporal a las plataformas de juegos de suerte y azar en línea, con el objetivo de financiar la atención al Catatumbo, en Norte de Santander, luego de la reciente declaratoria de conmoción interior por la escalada de violencia en la zona.
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De acuerdo con el decreto que prepara el Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de contar con recursos extraordinarios para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y desarrollar programas de inversión social concertados con autoridades locales y étnicas, detalló El Tiempo.
“El Gobierno deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del Presupuesto, con el objeto de financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y programas de inversión social”, señala el documento citado por el rotativo.
El impuesto, que consiste en la aplicación del IVA a las plataformas de juegos en línea, había sido propuesto inicialmente en la reforma tributaria que el Congreso rechazó en diciembre del año pasado.
En ese momento, el Ministerio de Hacienda proyectaba recaudar 2 billones de pesos anuales a través de esta medida. Sin embargo, bajo la figura de la conmoción interior, el gravamen tendrá una vigencia inicial de 90 días, con lo que se espera obtener cerca de 500.000 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó en el rotativo que la medida no afectará a los bienes de primera necesidad. “No tocaremos los impuestos a los alimentos y bienes básicos, sino que estamos enfocándonos en un sector con alta rentabilidad y crecimiento”, afirmó el funcionario, destacando que la facturación del sector pasó de 16 billones de pesos en 2022 a 36 billones de pesos en 2023.
La decisión provoca preocupación en el sector. La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecojuegos) advirtió que este impuesto podría afectar la estabilidad financiera de las empresas.
“El modelo actual ya opera con márgenes limitados. Cerca del 97 % de lo apostado se retorna en premiación a los jugadores, sumado a los derechos de explotación y gastos administrativos. Un impuesto adicional comprometería la viabilidad de las empresas y, por ende, los ingresos destinados al Estado”, señaló Evert Moreno, presidente de Fecojuegos.
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