Colombia fija precios mínimos al arroz y lanza ofensiva contra el contrabando: ¿se salvará el agro nacional?

El Gobierno nacional de Colombia ha tomado una medida decisiva para enfrentar la crisis en el sector arrocero mediante la expedición de una resolución que somete al arroz paddy verde —la materia prima fundamental para la producción de arroz blanco— a un régimen de libertad regulada de precios, estableciendo un precio mínimo de adquisición diferenciado por zonas productoras. Esta acción, respaldada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras considerar los beneficios en la protección del campesinado, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, busca corregir las distorsiones de mercado que han dificultado la sostenibilidad de los agricultores y la cadena productiva, según el Ministerio de Agricultura.

La regulación establece precios mínimos por tonelada de arroz paddy verde en cinco regiones críticas para el cultivo: Bajo Cauca (1.491.478 pesos), Centro (1.589.489 pesos), Costa Norte (1.512.785 pesos), Llanos (1.457.387 pesos) y Santanderes (1.555.398 pesos). Además, exige a los compradores reportar semanalmente detalles sobre precios, cantidades y condiciones de pago en la plataforma SIRIARROZ, permitiendo una mayor transparencia y facilitando la vigilancia directa por parte de la SIC. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, enfatizó que la resolución tiene carácter excepcional y transitorio, con un monitoreo permanente de los efectos en los actores de la cadena.

Paralelamente, el Gobierno ejecuta un régimen de libertad regulada para el arroz blanco, acelera un plan de lucha contra el contrabando —en compromiso con entidades como la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)— y suma acciones desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) para controlar prácticas desleales en el comercio de arroz. La ministra encargada de Comercio, Diana Marcela Morales, subrayó la importancia de los mecanismos de defensa comercial y el control aduanero para frenar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos, una amenaza que distorsiona el mercado y afecta a los productores nacionales.

El sector arrocero colombiano, con más de 600.000 hectáreas cultivadas y una producción anual próxima a las 2,5 millones de toneladas, representa una columna vertebral de la seguridad alimentaria y la economía rural del país, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. No obstante, en las últimas décadas ha enfrentado desafíos persistentes: notables fluctuaciones en los precios internacionales, un incremento preocupante del contrabando, y el constante ascenso de los costos de producción, factores que han deteriorado la rentabilidad campesina y amenazado la estabilidad del sector, como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estudios de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) revelan que actualmente el contrabando de arroz representa alrededor del 20% del consumo nacional, impactando negativamente los precios internos y reportando pérdidas económicas considerables para los agricultores, en especial en regiones vulnerables como el Bajo Cauca y los Santanderes. Este fenómeno, potenciado por deficiencias en los controles aduaneros y una normativa insuficiente, ha alertado tanto a los productores como a los responsables de política. Más allá de lo económico, el arroz sustenta la vida de numerosas comunidades rurales, siendo fuente principal de empleo y cohesión social, como han documentado investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

El enfoque gubernamental complementa la regulación de precios con una ofensiva contra el contrabando, impulsando la modernización de los controles mediante herramientas tecnológicas, como la trazabilidad digital y la interoperabilidad entre bases de datos estatales, conforme a informes de la DIAN. Adicionalmente, la revista Semana señala que expertos en políticas agrícolas recomiendan fortalecer este esquema temporal con incentivos a la productividad y la tecnificación, que incluyan subsidios, capacitación, acceso a crédito y promoción de mercados diferenciados, para evitar la rigidez regulatoria y fomentar la innovación.

Esta acción del Gobierno colombiano se enmarca en una tendencia regional, evidenciada por países como Brasil y Perú, que han optado por esquemas regulatorios similares para proteger la autosuficiencia alimentaria y mitigar los abusos del comercio internacional y la intermediación. De este modo, la resolución sobre el arroz paddy verde es más que una política de precios: constituye una estrategia integral que busca preservar tanto la viabilidad económica como el tejido social del sector arrocero, demostrando la voluntad del Estado de trabajar junto a las cadenas productivas para alcanzar un equilibrio sostenible y competitivo en uno de los sectores agropecuarios más significativos del país.

¿Cómo se diferencia el arroz paddy verde del arroz blanco y por qué es importante regular su precio?

El arroz paddy verde es el grano recién cosechado que aún conserva su cubierta externa, mientras que el arroz blanco es el producto resultado de un proceso de transformación que incluye la eliminación de las capas externas. Regular el precio del arroz paddy verde es crucial porque establece un valor mínimo desde el origen de la cadena, protegiendo a los agricultores frente a variaciones del mercado que pueden afectar su rentabilidad y, por consiguiente, la producción nacional y la seguridad alimentaria. Esta regulación busca evitar que los intermediarios y compradores impongan precios demasiado bajos que no compensen los costos de producción, una situación que históricamente ha generado pérdidas y desmotivación en el sector campesino.

La fijación de precios mínimos por zona reconoce las diferencias en costos y condiciones de producción en distintas regiones del país, procurando mayor equidad y estabilidad para los productores. Asimismo, al garantizar que la base de la cadena productiva se beneficie de condiciones más justas, se contribuye a la permanencia de la población rural en sus territorios y se fortalece la cohesión comunitaria, aspectos fundamentales en regiones que enfrentan histórica vulnerabilidad y desplazamiento.

¿Qué papel juegan las acciones de control al contrabando en la protección del sector arrocero colombiano?

El contrabando, según cifras de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), representa cerca del 20% del consumo nacional de arroz, lo que implica una fuerte presión a la baja sobre los precios internos y una competencia desleal para los productores legales. El ingreso masivo de arroz a precios inferiores, muchas veces por no cumplir controles sanitarios ni fiscales, afecta directamente la rentabilidad de los agricultores colombianos y pone en riesgo la estabilidad del sector. A esto se suma la dificultad histórica del Estado para controlar las fronteras y mejorar la fiscalización aduanera.

Las medidas de lucha contra el contrabando, como el refuerzo de controles de la DIAN, el uso de tecnologías de trazabilidad y la cooperación institucional, resultan por tanto esenciales para mantener las condiciones de mercado necesarias para que la regulación de precios tenga efecto real. Sin acciones decididas en este frente, la protección al productor nacional sería insuficiente y los esfuerzos normativos perderían eficacia, debilitando no solo la economía agrícola sino también la oferta alimentaria interna.