Carbón colombiano: del auge exportador a las tensiones laborales y nuevas restricciones en 2025

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones de Colombia en julio de 2025 alcanzaron los US$4.429 millones. El carbón sobresale como uno de los productos clave dentro del sector extractivo, con ventas que sumaron US$479 millones, cifra que representa el 27,6 % del total de este segmento. El sector de combustibles y productos de industrias extractivas, que engloba al carbón, el petróleo y otros minerales, representó en conjunto US$1.732 millones, lo que equivale al 39,1 % del valor total exportado ese mes, de acuerdo con datos proporcionados por el DANE.

El análisis del DANE se sustenta en declaraciones aduaneras y reportes empresariales, constatando que la mayor parte del carbón exportado salió del país en julio, aunque ciertas cantidades correspondieron a despachos realizados en meses previos. Esta continuidad subraya un patrón consolidado para la exportación de carbón colombiano, con el departamento del Cesar destacado históricamente como el principal origen nacional. Allí, la multinacional Drummond ha desempeñado un papel central, reportando en 2024 una producción de 27,6 millones de toneladas y exportaciones por 30,2 millones de toneladas, con una salida media mensual aproximada de 2,5 millones, tendencia que se proyecta para 2025 según fuentes oficiales.

Aunque el DANE no detalla el tipo específico ni el origen de todo el carbón exportado, el predominio del carbón térmico procedente del Cesar cobra relevancia social y económica. Así lo confirman reportajes de El Espectador y compilaciones del Ministerio de Minas y Energía, organismos que destacan el impacto del sector en el empleo regional y en las cadenas productivas que dependen de esta materia prima estratégica para la industria nacional.

En julio de 2025, las exportaciones generales del país cayeron un 4,1 % respecto al año anterior, siguiendo una tendencia mundial atribuida tanto a la volatilidad en la demanda de combustibles fósiles como a factores económicos globales, según estudios del Banco de la República y la Cámara de Comercio de Bogotá. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los envíos colombianos, absorbiendo el 31,7 % del total, seguido de países latinoamericanos, asiáticos y europeos. Para el carbón de Drummond, Corea del Sur, México, Países Bajos y Chile se ubicaron entre los clientes más importantes.

En un contexto de creciente complejidad geopolítica, el gobierno colombiano impuso en agosto de 2025, mediante el Decreto 0949, la prohibición de exportar carbón a Israel por causas humanitarias derivadas del conflicto con Palestina. Esta medida ha inquietado al sector privado y a los sindicatos, ante el riesgo de consecuencias económicas y laborales, pese a que Israel no figura entre los principales compradores del carbón producido por Drummond, según cifras oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y fuentes sindicales.

La infraestructura portuaria, de acuerdo con la Superintendencia de Transporte, desempeña un papel esencial en este engranaje exportador. Entre enero y junio de 2025, Colombia movilizó 85,4 millones de toneladas de carga a través de sus puertos, con la región Caribe liderando el flujo, especialmente desde Turbo, Santa Marta y San Andrés. El desempeño logístico es determinante para sostener la competitividad de las exportaciones de productos minero-energéticos y agroindustriales.

Desde una perspectiva regional, el Observatorio de Complejidad Económica y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirman que Colombia se mantiene como uno de los principales exportadores de carbón en Latinoamérica, rivalizando con México y otros países. No obstante, el país enfrenta el desafío de diversificar su economía y adaptarse a condiciones internacionales que demandan mayor sostenibilidad, mientras responde a los impactos sociales en regiones dependientes de la industria extractiva.

Toda esta información revela los múltiples matices económicos, sociales y políticos que atraviesan el sector carbonífero colombiano, evidenciando la importancia de su adaptación frente a los cambios globales, regulatorios y de mercado, en un contexto de transición energética y realidades regionales que influyen directamente sobre el futuro nacional.

¿Cuál es el impacto social y laboral del sector carbonífero colombiano en las regiones productoras? El caso de Cesar, epicentro de la actividad carbonífera, ilustra los efectos directos e indirectos del sector en la generación de empleo y en la cadena económica regional. El vínculo entre Drummond y miles de empleos pone de relieve cómo las decisiones del mercado internacional, así como las regulaciones estatales, pueden alterar significativamente la economía local. Los empleos generados no solo corresponden a trabajadores de las minas, sino también a actividades conexas como logística, servicios y tecnología, según datos del Ministerio de Minas y Energía.

El efecto multiplicador de la industria se deja ver en la dinámica de las comunidades, donde el carbón ha sido, por años, la fuente predominante de ingresos y el sustento de familias enteras. Ante los cambios globales y transiciones energéticas, la incertidumbre sobre la continuidad y calidad del empleo en estas regiones es un reto creciente para la política pública y empresarial.

¿Qué significa el Decreto 0949 y cómo afecta a la regulación de exportaciones en Colombia? El Decreto 0949, promulgado por el gobierno colombiano en agosto de 2025, establece la prohibición de exportar carbón a Israel debido al conflicto humanitario con Palestina. Esta medida ejemplifica cómo decisiones políticas internas pueden incidir en el comercio internacional de materias primas y en las relaciones diplomáticas del país. Aunque Israel no es un mercado central para el carbón de empresas como Drummond, la restricción refleja el compromiso del Estado con políticas humanitarias en contextos de conflicto.

La regulación introducida por el Decreto 0949 plantea nuevos escenarios para el diálogo entre el sector privado, el sindicalismo y el Estado, particularmente cuando se evalúa el alcance y la pertinencia de medidas con potencial impacto económico. El seguimiento y evaluación de sus consecuencias será fundamental para prevenir afectaciones mayores en los mercados internacionales y en las cadenas productivas del país.