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Copservir, cooperativa que administra la cadena de droguerías, se refirió al fallo que ordenó que fuera dejada en manos del gobierno de Gustavo Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó un fallo de 2016, cuando se decidió extinguir el dominio de los bienes de la cadena. Por lo tanto, Drogas La Rebaja pasará a ser uno de los negocios más valiosos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el cual estará a disposición del gobierno entrante.
Gustavo Petro tendrá en sus manos la opción de vender o no dichos comercios. De hecho, existe un periodo de transición de cinco años, por lo que el tiempo da para que el presidente que releve al líder izquierdista pueda decidir qué hacer con las farmacias.
(Lea también: Gobierno de Petro tomará medida que agitará a la junta directiva de Ecopetrol)
Ante ese panorama, Copservir, la cooperativa que administra las droguerías y que logró pasar de 500 locales a más de 1.000, a tener ventas que superan el billón de pesos anuales y a brindar más de 5.000 empleos directos, se refirió al fallo.
A través de un boletín reseñado por Bloomberg Línea, Copservir precisó que la decisión refiere a la pérdida de la propiedad de los establecimientos; no a la pérdida de los mismos o su deterioro. Además, indicó que se busca la conservación del valor, la continuidad de la operación mercantil y la preservación de loe empleos.
La cooperativa recordó que meses atrás se suscribió un contrato con la SAE en el cual se establece un periodo de transición de cinco años, tiempo en el que se continuará con el esquema de administración actual, permitiendo la continuidad y estabilidad del negocio. Es decir, no cerrará sus tiendas ni despedirá trabajadores.
“Las claridades anteriores nos permiten notificarles oficialmente que Copservir en sus áreas administrativas y en los establecimientos comerciales La Rebaja Droguerías y Minimarkets continúan sus planes y actividades en total normalidad. Esta decisión no afecta la operación, el relacionamiento, las responsabilidades y compromisos adquiridos con clientes y proveedores”, se lee en el documento.
Es así que el mencionado contrato busca dar periodo de transición mientras se determinan las acciones que conlleva el fallo de extinción y nuevas acciones administrativas relacionadas con la operación de los establecimientos de comercio.
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