Los pros, los contras y el camino que comienza la Ley de Financiamiento

La intención del Gobierno es que su propuesta económica comience a regir el primero de enero de 2019. Para ello requiere que sea aprobada en menos de dos meses.

Para tal fin, el Gobierno radicó su proyecto en el Congreso con mensaje de urgencia, que podría no ser suficiente.

El punto clave de la discusión, acaso el talón de Aquiles de la propuesta, es el IVA a la canasta familiar. Como bien lo explica un informe de Noticias Caracol, ningún partido está dispuesto a pagar el costo político de votar a favor una medida tan impopular a menos de un año de las elecciones regionales.

Aun el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de gobierno, consultado por varios medios de comunicación, atinó a decir: “Lo veo muy difícil”.

“El IVA simplemente le baja un punto, del 19 al 18 %, y luego por allá en 2021 otro punto más al 17 %. ¿Qué quiere decir eso? Que la canasta familiar quedaría gravada permanentemente con el 17 %. Eso es un golpe muy demoledor para los estratos bajos”,

Efraín Cepeda, en declaraciones a Noticias Caracol.

Incluso, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro fue más allá del protocolo en el Senado y anunció que, de ser necesario, convocará a las centrales obreras para una movilización nacional en contra del IVA en la canasta familiar.

¿Qué tiene de bueno la propuesta del Gobierno?

Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se busca tapar un hueco fiscal de 14 billones de pesos para 2019. Es decir, recaudar el dinero que falta para completar el presupuesto del próximo año. Esto ayudaría a aliviar el impuesto de renta para las empresas.

Los dineros que se obtengan con esta ley se utilizarían en las áreas de salud, hacienda, educación, minas, inclusión social y transporte.

“No estarían gravados medicamentos, lentes de contacto, toallas higiénicas y ciertos servicios públicos como agua, energía y gas”, destaca La República.

¿Y qué tiene de malo, más allá del polémico IVA?

El proyecto no contempla estrategias contra la defraudación tributaria y “no se ve tampoco un planteamiento que modifique las normas antiabuso”, explicó Juan Guillermo Ruiz, socio fundador de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz a Portafolio.

En el proyecto se incluye un capítulo con herramientas para combatir la evasión, mas “no ataca el problema de fondo”, según la opinión de varios analistas consultados por ese diario económico.

Con los cambios propuestos, también se verían afectados los pensionados: aquellos que reciban mensualmente una suma superior a los 2,6 millones de pesos deberán declarar, y quienes superen los 4 millones tendrán que pagar, afirma Portafolio, citando al directivo de la firma Carrero y Asociados, Nicolás Carrero.

Las discusiones comenzarán en las comisiones económicas de la Cámara y el Senado.