Más de 100.000 conductores, en alerta: tienen los ojos puestos en decisión del Gobierno

Al igual que la administración de Iván Duque, la de Gustavo Petro no ha decidido si prohíbe o regula la operación de aplicaciones de transporte en Colombia. El Gobierno Nacional se mantiene a la espera de que el Congreso tome una decisión y, mientras tanto, parece congraciarse con los taxistas.

(Lea también: Experto reveló qué sale más barato entre usar Uber o pagar el pico y placa solidario)

Resulta que este martes 14 de mayo, el gremio de taxistas en Bogotá llevó a cabo una nueva jornada de paro para reclamar por la operación de las plataformas de transporte tales como Uber, DiDi y Cabify, las cuales, según ellos, son ilegales.

Ante ese panorama, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que inició investigaciones contra las empresas que prestan servicio de transporte a través de aplicaciones. El objetivo es analizar presuntas infracciones al régimen de libre y leal competencia.

En el pliego presentado por la SIC se detalla que la investigación no abordará si estas aplicaciones prestan o no un servicio de transporte, sino determinar si a partir de su actuar tuvieron ventajas competitivas en comparación a otros servidores de transporte público.

¿Por qué son los cargos a Uber, Didi y Cabify en Colombia?

1. El cálculo de tarifas.
2. La administración del sistema de recaudo.
3. La fijación de la comisión de la plataforma.
4. La determinación de los ingresos de los conductores.

Si se comprueban los cargos a Uber, DiDi y Cabify se impondrá, a cada persona jurídica, multas hasta de 100.000 SMLMV (unos 130.000 millones de pesos).

Investigación de la SIC podría afectar a conductores de aplicaciones

Esta investigación del Gobierno Petro tiene con los pelos de punta a más de 100.000 conductores en Colombia, los cuales se dedican a prestar servicios de transporte, de acuerdo con el gremio de aplicaciones Alianza In.

De esa cifra, según un estudio de Fedesarrollo, el 44 % ha dicho que quedaría completamente desocupado, el 32 % tendría otro trabajo independiente y solo el 14 % cree que podría acceder a un empleo formal, si el Gobierno Nacional toma medidas en contra de ese gremio.

En ese orden de ideas, el resultado de la investigación y las posibles medidas que puedan tomar las aplicaciones si fueran multadas podrían impactar directamente en la generación de empleos en el sector.