Así es como Dian ofrece bajar hasta 85 % para miles de deudores: plazo límite vence en noviembre

La disposición jurídica quedó formalizada en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, instrumento expedido con motivo de la emergencia por el terremoto.

Entre las múltiples medidas dentro de la economía nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habilitó un mecanismo extraordinario que permite rebajar hasta un 85% del valor correspondiente a las sanciones tributarias en Colombia, fijando requisitos obligatorios para sanear carteras vencidas.

Este beneficio fiscal autoriza a los deudores a cancelar únicamente el 15 % del total adeudado por penalidades, liquidando de manera simultánea los intereses moratorios acumulados bajo una tasa preferencial fijada en el 4,5 % anual.

Para aprovechar esta reducción, el ciudadano o representante empresarial debe certificar que las obligaciones fiscales pendientes hayan entrado en estado de mora antes de la fecha límite del 10 de agosto de 2026.

Asimismo, el contribuyente debe efectuar la cancelación total del saldo antes del 19 de noviembre de 2026, fecha definitiva fijada por las autoridades para cerrar formalmente la vigencia de estos incentivos financieros.

La disposición jurídica quedó formalizada en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, instrumento expedido con motivo de la emergencia territorial desencadenada por el terremoto del pasado mes de agosto.

A pesar de que el marco legal prioriza áreas geográficas afectadas por el sismo, los alivios relativos a sanciones e intereses rigen sin distinción territorial en todo el territorio colombiano para créditos tributarios causados.

El impacto del mecanismo obedece al abultado inventario de cartera que gestiona la autoridad recaudadora, con cifras oficiales de la Dian recopiladas por la Organización Impulso Empresarial (OIEM) que superan niveles históricos de mora.

Los registros de la agremiación técnica señalan que alrededor de 200.000 contribuyentes acumulan saldos pendientes por $ 22,9 billones, cifra consolidada en un universo total de 643.332 obligaciones pendientes en los despachos fiscales.

Resulta indispensable aclarar que la administración no contempla condonar el monto principal del gravamen generado. Cada deudor debe cubrir el capital original completo, sumando los intereses rebajados y el porcentaje de penalización aplicable.

Sobre el efecto económico de esta medida, Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (OIEM), resaltó las ventajas financieras que ofrece el régimen de excepción.

“En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20 % y el 30 % de lo que deben. Si alguien debe 600 millones de pesos, con el alivio puede pagar cerca de 200 y quedar al día”, explicó Bustos en entrevista con Portafolio.

La magnitud del ahorro monetario definitivo depende de cómo esté estructurada cada cuenta vencida, pues la exoneración excluye de manera terminante el capital correspondiente al tributo omitido por la persona o compañía obligada.

Uno de los aspectos más favorables del procedimiento radica en la ausencia de trámites burocráticos previos o solicitudes de autorización ante las dependencias oficiales de la Dian para acogerse a los descuentos legales.

El protocolo exige únicamente efectuar la correcta liquidación matemática de las declaraciones tributarias, integrando la tasa de interés reducida y las sanciones con el beneficio concedido, antes de ejecutar la transacción bancaria final.

No obstante, la omisión en el estricto cumplimiento de los parámetros normativos contemplados en el decreto anula automáticamente la validez jurídica del beneficio pretendido por el contribuyente moroso frente al Estado colombiano.

La organización asesora advierte que cometer equivocaciones en la determinación de las tarifas y en los cálculos aritméticos constituye una de las principales fallas que arruinan la aplicación del auxilio financiero otorgado.

Bustos enfatiza la necesidad de corroborar detalladamente las cifras del gravamen original, la mora y las sanciones legales vigentes para eludir requerimientos posteriores de la entidad reguladora de tributos.

“No se equivoquen en el cálculo”, remarcó el especialista, al advertir que una liquidación incorrecta puede provocar problemas incluso después de efectuar el pago.

Cualquier empresa corre el riesgo de suponer que normalizó sus deudas fiscales y comprobar meses después, tras auditorías oficiales, que consignó cifras incompletas, perdiendo la protección normativa concedida por el Gobierno de Colombia.

Asimismo, constituye una equivocación grave realizar abonos parciales sobre deudas puntuales. La normativa exige cancelar el ciento por ciento de cada gravamen particular que se pretenda sanear mediante este esquema especial.

El deudor tiene la potestad de seleccionar qué declaraciones específicas atender con sus recursos disponibles, debiendo cubrir integralmente cada obligación tributaria elegida sin incurrir en fraccionamientos injustificados del pasivo.

En cuanto a facilidades de financiamiento mediante acuerdos de pago previos, la entidad gremial aclara que ciertas flexibilidades territoriales no benefician automáticamente a compañías domiciliadas fuera de las zonas declaradas en desastre.

Por esa razón, se aconseja inspeccionar las cláusulas de convenios suscritos previamente, midiendo el impacto financiero del desembolso inmediato en eventos donde existan pleitos jurídicos o controversias tributarias abiertas ante la justicia.

“Nada le va a rentar más a una empresa que quitarse esa deuda con estos beneficios”, aseguró Bustos, al destacar la importancia de revisar oportunamente las obligaciones pendientes.

El especialista desaconseja postergar la realización de los trámites hasta la fecha de caducidad, advirtiendo que congestiones en plataformas bancarias o demoras informáticas podrían obstaculizar el registro oportuno de las transferencias.

Aunque la emisión de paz y salvos administrativos suele demorarse por la alta afluencia de peticiones, el derecho al beneficio queda blindado al consignar oportunamente los recursos monetarios dentro del término perentorio fijado.

La regularización de estas contingencias impositivas permite igualmente desactivar medidas cautelares, suspender embargos de cuentas corrientes y frenar procesos ejecutivos de cobro coactivo adelantados por las dependencias de fiscalización tributaria.

“Sabemos que en las empresas hay incendios todos los días, pero vale la pena dedicar esfuerzo a buscar la liquidez y acogerse. Que lo tengan como su principal prioridad”, concluyó Bustos.

El 19 de noviembre de 2026 marcará el límite improrrogable para beneficiarse del esquema de condonación de penalidades, debiendo los contribuyentes asegurar la precisión técnica en cada pago ejecutado.