Colombia retrocede en libertad económica: preocupante caída en el ranking mundial alerta a expertos y empresarios

Colombia sufrió un marcado deterioro en su posición dentro del Índice de Libertad Económica del Mundo 2025, elaborado por el Fraser Institute, de acuerdo con el reporte presentado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). El país descendió del puesto 86 al 94 entre 165 países y territorios, lo que refleja una tendencia desfavorable que llama la atención de analistas y expertos en política económica. Este índice evalúa cinco pilares fundamentales: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, acceso a una moneda sana, libertad de comercio internacional y regulación, siendo cada uno crucial para el desarrollo económico y social.

Al interior del informe se detalla que el tamaño del gobierno representa un foco de preocupación relevante. Con un gasto público elevado, Colombia se ubica en la posición 65 en este pilar, situación que, según estudios citados por el ICP, reduce la eficiencia económica y restringe recursos para sectores productivos. En lo referente al sistema legal y los derechos de propiedad, el país es colocado en el puesto 96, motivado por barreras burocráticas y altos costos para transferir propiedades, factores que dificultan la atracción de inversión tanto local como extranjera.

En materia de estabilidad monetaria, Colombia destaca negativamente en la posición 114. El informe atribuye esta baja calificación a la persistencia de la inflación y a políticas expansivas de liquidez que han debilitado el poder de compra de los ciudadanos. Por otra parte, la libertad de comercio internacional enfrenta importantes limitaciones, con el país en el puesto 103. Los aranceles y las barreras comerciales restringen la apertura y dificultan la integración a cadenas globales, especialmente cuando se compara con países latinoamericanos como Chile, Perú o México, que presentan mayores niveles de inserción y dinamismo en sus mercados.

En lo correspondiente al componente de regulación, el informe ubica a Colombia en la posición 65, señalando la rigidez en el mercado laboral y la influencia de un salario mínimo que, aunque resguarda derechos sociales, afecta la competitividad y la generación de empleo. Estudios provenientes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldan el análisis, añadiendo que un Estado de tamaño excesivo y regulaciones complejas pueden desacelerar el crecimiento económico y limitar la creación de empleo formal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a Colombia avanzar en la simplificación de trámites y fortalecer la protección de derechos de propiedad para estimular inversiones sostenibles.

Carlos Augusto Chacón, director del ICP, calificó el descenso en el índice como un “llamado de alerta” y relacionó el deterioro con políticas intervencionistas que restringen la iniciativa privada y la libertad individual. Propuso una agenda de reformas estructurales enfocadas en reducir el gasto estatal, flexibilizar la legislación laboral y abrir la economía. El caso de Colombia contrasta con el de otras economías de la región como Chile y Perú, que, gracias a sus reformas promercado y políticas de regulación menos rígidas, han logrado avanzar más en competitividad global, según destaca el mismo estudio y reportes del Fraser Institute.

Expertos en desarrollo económico, citados por el ICP y organismos multilaterales, advierten que una menor libertad económica puede profundizar las desigualdades existentes, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta la necesidad de equilibrar la protección social con incentivos al emprendimiento e innovación para evitar estancamientos. El informe del Fraser Institute plantea, así, un reto urgente para la política pública colombiana: modernizar el marco regulatorio y económico fomentando inversión y crecimiento, sin dejar de lado la inclusión social y la protección a los derechos fundamentales.

¿Por qué influye tanto el sistema legal y los derechos de propiedad en la libertad económica de un país? La importancia del sistema legal y los derechos de propiedad radica en que definen las reglas de juego para todos los actores económicos, tanto locales como internacionales. De acuerdo con el informe del Fraser Institute y organismos como la OCDE, la complejidad y el costo burocrático para transferir propiedades en Colombia desincentivan la inversión directa y frenan el crecimiento productivo. Los países con sistemas legales claros y ágiles promueven un entorno seguro para la inversión y la innovación, elementos esenciales para avanzar hacia una economía más dinámica y competitiva.

La falta de protección efectiva y la lentitud en los trámites inciden negativamente en la percepción de estabilidad y seguridad, clave para quienes desean invertir o expandir negocios. En ese sentido, la simplificación de procedimientos y el fortalecimiento institucional representan no solo una recomendación, sino una necesidad estratégica que busca garantizar un equilibrio entre la seguridad jurídica y el impulso económico sostenible.

¿Cómo afecta la inflación y la política monetaria expansiva a la economía y al bienestar de la población? El acceso a una moneda sana es uno de los pilares fundamentales evaluados por el Fraser Institute, y en el caso colombiano, la inflación persistente y la política monetaria expansiva fueron factores determinantes en su baja puntuación. La inflación erosiona el poder de compra de los hogares, reduciendo su capacidad para acceder a bienes básicos y servicios. Además, genera incertidumbre para las empresas al dificultar la planificación de inversiones y contratos.

La política monetaria expansiva, que implica aumentar la liquidez en el mercado, puede contribuir a impulsar la economía temporalmente, pero si no se maneja con cuidado, fomenta presiones inflacionarias adicionales. Por lo tanto, encontrar el equilibrio adecuado entre estimular el crecimiento y preservar el valor de la moneda es esencial para proteger el bienestar de la población y la estabilidad macroeconómica.