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Desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y El Cerrejón señalaron que las recientes medidas del Gobierno en La Guajira los tienen muy preocupados.
La ACM y la gerencia de la mina de carbón El Cerrejón manifestaron su inconformidad por la manera en la que el Gobierno no ha sido claro con su postura sobre la exploración de minerales.
Ellos señalan que el Gobierno habla de transición, pero no aclara cómo se hará fiscalmente para recuperar el dinero que se saca de esa industria de la extracción.
(Vea también: Tres reconocidas marcas extranjeras aterrizan en Colombia y abren sus primeras tiendas).
De igual forma, comparan a Colombia con países desarrollados que sí tienen recursos para la transición energética, pero que también siguen extrayendo minerales del suelo.
“El año pasado y ahora en 2023 son los años en los que el mundo más carbón ha consumido, con una cifra cercana a los 8.000 millones de toneladas. Colombia solo produce 65 millones. Canadá exportó 90 millones, Australia asciende su cifra a los 270 millones de toneladas”, dijo a La República Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
Desde la gerencia de El Cerrejón fueron más allá y plantearon un escenario en el que se llegue al cese de operaciones, algo que sería gravísimo para todo el país.
“Si es el caso de un cese de operación extractivista en unos próximos años, se puede llevar a una disminución o llevar a cero las inversiones sociales y ambientales“, señaló a ese medio Claudia Bejarano, presidenta de El Cerrejón.
Epeka, que venía varios meses envuelta en un litigio por el uso de marca, tendrá que dejar de operar bajo ese nombre. Asimismo, no puede seguir mostrando letreros con esa denominación o vendiendo productos con la marquilla del mismo.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló a favor de la firma Bridgewood Capital (antigua dueña de la razón social EPK), que demandó a Akmios SAS (actual dueña de esa marca) para que dejara de usar el nombre de la compañía en su ropa.
De igual forma, esa superintendencia hizo un llamado urgente para que se retiren todas las publicidades, vallas, letreros y marquillas de la empresa, en un plazo máximo de 10 días.
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