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La modificación al cobro de modificaciones financieras tiene varios problemas para su implementación debido a inconvenientes con proveedores tecnológicos.
Con la entrada del cambio del impuesto 4×1.000 en las cuentas bancarias, a partir de este viernes 13 de diciembre, surgió una situación para la renovación al cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros. Esto se debe a que la implementación de la medida tiene una adversidad operativa que haría, incluso que se aplace la novedad en el sistema.
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La situación radica en que los principales proveedores en llevar esa transición tecnológica del cambio en el impuesto de transacciones, TansUnion y Passport, no han tenido acuerdos exitosos para seguir adelante con el proceso. Esto se da por una disputa en el que las compañías compartirán la información de transacciones bancarias en conjunto.
“Hay que compartir toda la información de transacciones de todas las personas, y tiene que haber un ente que lleve el registro por identificación de todas las cuentas de ahorro en bancos, cooperativas y billeteras digitales”, contó a La República Santiago Rodríguez, profesor de Administración de la Universidad de los Andes
La situación se torna más complicada porque la norma actual del 4×1.000 era que cualquier cliente señalaba en su cuenta de banco cierto tope, sin compartir por fuera de la entidad sus movimientos financieros. Tal como complementó Rodríguez al medio económico, esos datos estarán centralizados en una entidad “para que pueda ir llevando el registro de diferentes retiros, de diferentes cuentas y bancos”.
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A partir de este 13 de diciembre, toda cuenta bancaria queda exenta automáticamente de designar el impuesto de ese gravamen solo sí no excede el tope de $ 16’472.750 mensuales en 2024.
Anteriormente, la exención se ponía a una sola cuenta de ahorros que escogiera el ciudadano. Además, en 2025, el límite aumentará a $ 17’429.650, según el aumento de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
El 4×1.000 tuvo sus orígenes en 1998 debido a una crisis financiera que sufría el país. En aquel entonces el cobro para recaudar recursos se llamaba 2×1.000, pero en el 2000 se aumentó a dos dígitos.
Las entidades financieras quedan expuestas a dolorosas multas en caso de incumplir con la vigente norma.
“Las principales dificultades radican en la desinformación entre los potenciales beneficiarios y en la complejidad de los trámites requeridos para marcar una cuenta como exenta. Esto genera barreras adicionales para quienes buscan aprovechar este beneficio”, expresó a La República Guillermo Benites, CEO en Foccus Consultores.
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