Empresas a las que Petro les quiere meter mano dieron contundente respuesta: "No se puede"

Durante su intervención en el Consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció una decisión relevante en materia de seguridad y administración del transporte marítimo y aéreo en Colombia.

El mandatario expresó su preocupación por la supuesta presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y al contrabando en los principales puertos del país, lo que, según él, ha contribuido al aumento de la violencia en diversas ciudades costeras.

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En este contexto, Petro subrayó la necesidad de rediseñar de manera integral el modelo actual de gestión portuaria, el cual, a su juicio, ha sido insuficiente para evitar la infiltración de organizaciones criminales.

Señaló que varios puertos han sido identificados como puntos críticos donde confluyen intereses ilegales y políticos locales, lo que ha dado lugar a dinámicas que calificó como una forma de “nuevo paramilitarismo”.

¿Qué plantea el Gobierno frente a esta situación?

Ante este panorama, el presidente informó que el Gobierno ya ha iniciado un análisis jurídico con el fin de evaluar los cambios normativos y estructurales necesarios. Dentro de estas medidas, se contempla la presentación de iniciativas legislativas orientadas a combatir el narcotráfico.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, propuso encabezar una reestructuración del sistema portuario nacional y ampliar la revisión a la operación del aeropuerto internacional El Dorado, que también fue señalado como vulnerable frente a actividades ilícitas.

Petro fue enfático al criticar el desempeño de las entidades estatales responsables del control aduanero y fiscal, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). También cuestionó la capacidad operativa de la Superintendencia de Transporte, al considerar que carece de herramientas efectivas para ejercer una supervisión adecuada sobre el movimiento de mercancías en el país.

“Es indispensable actuar con celeridad y decisión”, manifestó el jefe de Estado, reiterando su compromiso con una transformación profunda del sistema logístico nacional, en concordancia con los desafíos que plantea el crimen organizado.

Reacciones del sector portuario

Tras las declaraciones del presidente, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, se pronunció al respecto en una entrevista concedida a W Radio. Ariza advirtió sobre el riesgo de generalizaciones y estigmatizaciones en el debate: “Ya lo habíamos hablado cuando se tocó el tema del contrabando. Seguramente hay personas cooptadas, pero no se puede generalizar”.

Ariza defendió el actual modelo portuario, destacando casos como el de Cartagena, donde, según afirmó, se ha logrado un alto nivel de eficiencia sin inversión directa por parte del Gobierno.

Además, señaló que en las zonas portuarias ya existe presencia institucional de organismos como la Dian y unidades antinarcóticos, aunque reconoció que se requiere mayor refuerzo para enfrentar estos delitos de manera más eficaz.

“El contrabando y el narcotráfico son fenómenos complejos que no pueden ser responsabilidad exclusiva de los puertos. Existen protocolos para prevenir estas actividades, pero su combate requiere articulación entre todos los actores”, explicó.

También recordó que la operación portuaria está a cargo de concesionarios privados, y afirmó no haber evidenciado la existencia de clanes políticos en esas áreas. Si bien admitió la presencia de problemáticas de seguridad, consideró que pueden ser abordadas mediante esfuerzos coordinados sin que eso implique afectar la eficiencia de los puertos.

Finalmente, Ariza cuestionó la idea de trasladar la administración portuaria a entidades públicas, argumentando que ello podría incrementar el riesgo de corrupción.

A su juicio, la solución pasa por fortalecer la articulación entre el sector privado y las autoridades para combatir la ilegalidad: “La terminal portuaria presta un servicio y aplica medidas de seguridad para evitar la salida de droga y la entrada de contrabando. Esto no se hace de forma aislada, sino en conjunto con las autoridades. Aunque se han confiscado cargamentos ilícitos, la operación ha mantenido altos niveles de eficiencia”, concluyó.