'Ley de la empanada' tranquiliza a vendedores ambulantes, pero genera nuevas inquietudes

La norma aprobada por el Congreso este viernes tiene como objetivo brindarles "garantías laborales", pero es temprano para conocer cuáles serán sus alcances.

Uno de los impactos más directos una vez que se efectúe la sanción presidencial de la norma es que “las autoridades no podrán imponer multas a los ciudadanos por adquirir productos en la calle y tampoco podrán restringir la comercialización de los mismos”, como lo destaca RCN Radio.

Sin embargo, la política apunta más a garantizarle el derecho al trabajo a los vendedores ambulantes. Según esa emisora, son 1’200.000 los colombianos que consiguen su sustento de esta manera y que se verían beneficiados con el proyecto impulsado por el partido Mira.

En uno de sus apartes, la nueva ley contempla que estos paguen una cuota por hacer uso del espacio público para su sustento. De ese dinero saldría una parte para “garantizar un ahorro para la vejez”, explicó el senador Carlos Guevara a ese medio.

“Se van a garantizar programas de formación y capacitación para hagan tránsito a la legalidad y permitir que haya confianza legítima que la Corte Constitucional ha señalado para ellos”, añade el congresista.

No obstante, una de las primeras preguntas que surge es de cuánto será el monto a pagar por los vendedores, en qué plazos, con qué periodicidad, por qué medio y si será un precio constante o podrá cambiar de acuerdo a variables como los lugares que usen para establecerse dentro de las ciudades, entre otros detalles.

Además, RCN señala que los alcaldes “deben armonizar la ley con un protocolo de intervención del espacio público con las autoridades de Policía”, por lo que todavía está por verse cómo se compaginará con el Código de Policía, en el cual se basaron los agentes que impusieron la famosa multa de 800.000 pesos a un joven por comprar una empanada en la calle hace algunos meses.

Por lo pronto, la senadora Aydee Lizarazo Cubillos dijo a El Espectador que la ley insta a los ministerios del Interior y del Trabajo a que “formulen una política pública que acojan a esta población”:

“Las carteras tendrán en cuenta dos aspectos: proteger los derechos de los vendedores informales y garantizar el uso ordenado y planificado del espacio público para el disfrute de todos”

De esta manera, disipar las mencionadas dudas sería cuestión de tiempo mientras esto último sucede.