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En el Congreso vuelve a discutirse un proyecto que ejecute la eliminación gradual de este tributo a transacciones. El Ministerio de Hacienda no lo ve bien.
El Congreso de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 222 de 2024 Cámara, que busca desmontar gradualmente el gravamen a los movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4×1.000. La iniciativa fue presentada por el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, quien defendió que esta carga tributaria ha afectado durante años a los sectores más vulnerables y desincentivado el uso del sistema financiero.
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Garcés explicó que el proyecto plantea una reducción progresiva que comenzaría en 2027 y culminaría en 2035, cuando desaparecería por completo el impuesto. Según el congresista, el nuevo cronograma fue ajustado tras una proposición durante el primer debate, buscando mitigar el impacto inmediato en las finanzas públicas y dar tiempo para que se activen beneficios como mayor bancarización y formalización de la economía.
El representante enfatizó que la nueva propuesta contempla una disminución de 0,25 por mil en 2027 y 2028, seguida de reducciones de 0,5 por mil anuales entre 2029 y 2035, hasta llegar a una tarifa de 0x1.000. Según él, este ritmo permite una transición ordenada y técnica, sin golpear de forma abrupta los ingresos del Estado.
“Nació como un impuesto transitorio en medio de una crisis, pero terminó siendo una carga permanente que encarece la actividad empresarial y golpea con más fuerza a quienes menos tienen”, dice el congresista del Centro Democrático. Desde su perspectiva, desmontarlo es una apuesta por la competitividad y una política pública más justa.
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No obstante, el entusiasmo eliminar el 4×1.000 no es compartido por el Ministerio de Hacienda, que en un concepto oficial enviado a la Comisión Tercera de la Cámara advirtió que la propuesta podría tener un “impacto significativamente negativo sobre la sostenibilidad fiscal” del país.
El Ministerio de Hacienda calcula que solo en 2027, con la primera reducción de 0,25 por 1.000, el Estado dejaría de recibir 2,1 billones de pesos. De acuerdo con sus estimaciones, el costo acumulado del desmonte entre 2027 y 2035 sería de 25,5 billones de pesos. Esta pérdida sería especialmente sensible porque el GMF representa el 5 % del recaudo tributario, con más de 14 billones de pesos recaudados solo en 2023.
La cartera también advirtió que la eliminación del impuesto afectaría de forma directa al Sistema General de Participaciones, que depende de los ingresos corrientes de la Nación. Menores recursos significarían menos dinero para educación, salud y saneamiento básico en regiones, lo cual aumentaría la presión fiscal sobre departamentos y municipios.
Además, Hacienda recordó que el proyecto podría tener problemas legales si no se incluye una fuente de financiación alternativa, tal como lo exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. El Ministerio insistió en que no se puede desmontar una fuente de ingresos sin definir de dónde saldrán los recursos que la reemplacen.
Garcés, por su parte, respondió que el proyecto busca abrir una discusión técnica y política sobre un tributo que lleva más de dos décadas vigente sin haber cumplido su propósito inicial. Para él, la eliminación progresiva debe ir acompañada de medidas que impulsen el crecimiento económico, de modo que el Estado recupere recursos por otras vías.
El gravamen fue creado en 1998, en medio de una emergencia económica, con una tarifa inicial de 2×1.000 y vigencia por un año. Sin embargo, se fue ampliando con el tiempo y en 2006 alcanzó la tarifa actual del 4×1.000, que se ha mantenido desde entonces. Aunque diferentes gobiernos han intentado desmontarlo, la falta de una alternativa lo ha mantenido en pie.
El Ministerio de Hacienda, sin embargo, subrayó que el GMF es una fuente de ingresos estable, de fácil control y baja evasión. Por ello, eliminarlo sin tener claridad sobre un reemplazo pondría en riesgo la disciplina fiscal y podría afectar la calificación crediticia del país.
Para Garcés, el momento político es clave, ya que la eliminación del 4×1.000 no recaería sobre el actual gobierno, sino sobre el próximo presidente, que asumiría en 2026. A su juicio, esto permite planear con antelación, sin improvisaciones, y con tiempo suficiente para tomar decisiones estructurales.
El proyecto aún debe pasar por la Plenaria de la Cámara y luego enfrentar dos debates en el Senado. El congresista dijo que está dispuesto a discutir ajustes, pero reiteró que el desmonte del 4×1.000 es una decisión que el país debe tomar con visión de largo plazo y con sentido de justicia tributaria.
Mientras tanto, Hacienda reiteró su disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de un marco responsable, pero dejó claro que toda propuesta que implique pérdida de ingresos debe estar alineada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El debate, que apenas comienza, pondrá a prueba la capacidad del Estado para equilibrar sus cuentas sin depender de un impuesto que, aunque impopular, ha sido clave para sostener las finanzas públicas.
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