Colombia rompe con la ONU y apuesta por datos propios para medir cultivos de coca: ¿fin a la dependencia?

El presidente Gustavo Petro anunció recientemente que Colombia dejará de emplear los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para monitorear los cultivos ilícitos de coca en el país. Como alternativa, la administración contempla que el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional asuma este papel, en un intento por reforzar la transparencia y la soberanía sobre la construcción de estadísticas oficiales.

Jorge Iván Cuervo, recién posesionado ministro de Justicia el 11 de febrero, confirmó esta decisión y agregó que el gobierno del presidente Petro ha considerado proponer a Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, el desarrollo de una metodología conjunta para la medición de los cultivos ilícitos. Este enfoque incluiría reportes periódicos de erradicación con datos producidos por Siima, permitiendo así un monitoreo más frecuente y directo por parte del Estado colombiano.

Cuervo respaldó públicamente la necesidad de modificar el modelo actual de medición, dado que en Colombia toda la operación técnica ha estado a cargo de la Unodc, lo que, según él, diferencia al país de naciones como Perú. En este contexto, el ministro señaló que se están evaluando ajustes que incluyan un mayor protagonismo estatal y que preparan el terreno para un modelo menos dependiente de actores internacionales, lo cual permitiría abordar la problemática desde un enfoque más local y ajustado a las necesidades propias del país.

La preocupación por la precisión y transparencia de los datos es central en este debate. En octubre de 2024, el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), adscrito a la Unodc, reportó que Colombia contaba con 253.000 hectáreas de coca, y un 53% de incremento en la producción de cocaína pura entre 2022 y 2023. Por su parte, el Siima de la Policía presentó cifras ligeramente superiores para agosto de 2025, pero el gobierno alega que esas estadísticas son considerablemente más bajas que las de años anteriores según los estimativos de Naciones Unidas.

El método de la Unodc combina encuestas rurales, trabajo de campo e imágenes satelitales; sin embargo, el presidente Petro ha calificado tales indicadores como “pésimamente construidos”, señalando que el método estadístico empleado carece de claridad. Este pronunciamiento se produjo después de que estudios académicos pusieran en duda la solidez de los datos entregados por Simci, al sugerir que el área sembrada se ha sobrestimado de manera significativa.

Adicionalmente, Petro mencionó en la red social X que la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en septiembre de 2025 y, posteriormente, incluirlo en la Lista Clinton, es injusta y está basada en diagnósticos discutibles. El cierre del contrato entre Colombia y la Unodc para este tipo de mediciones, pendiente aún de renovar, se presenta como un punto de inflexión que obliga al Estado colombiano a buscar alternativas de monitoreo propias, mientras se plantea la posibilidad de mantener algún tipo de veeduría internacional para robustecer la credibilidad de las cifras y otorgar mayor tranquilidad a la sociedad y los entes de control.

¿En qué consiste la Lista Clinton y cuál es su impacto en la política antidrogas colombiana?

La inclusión de un país o individuo en la llamada Lista Clinton implica restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos a entidades o personas que, según sus investigaciones, se consideran vinculadas a actividades ilícitas, especialmente relacionadas con el tráfico de drogas. En el contexto colombiano, formar parte de dicha lista conlleva implicaciones diplomáticas, financieras y comerciales, pues limita las posibilidades de cooperación internacional y acceso a ciertos mercados y alianzas.

Este mecanismo se utiliza como una herramienta de presión internacional dentro de la política antidrogas de Estados Unidos, lo que influye de manera significativa en las relaciones bilaterales con Colombia y en las estrategias internas para enfrentar el problema de cultivos ilícitos y tráfico de drogas.