Dueños de motos podrían sufrir dolorosa multa por rigurosa norma que imponen en conjuntos

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Esta ley exige a los motociclistas a que respeten unas normativas que rigen en propiedades horizontales. La sanción está relacionada con la administración.

El mercado de las motocicletas ha registrado un crecimiento sostenido durante los últimos meses y las proyecciones indican que, al cierre de 2025, el número de unidades vendidas podría superar el millón. Este incremento refleja no solo una mayor demanda de vehículos de bajo costo y consumo eficiente, sino también un cambio en los hábitos de movilidad, especialmente en las grandes ciudades, donde la motocicleta se ha consolidado como una alternativa práctica frente a la congestión vial.

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Este fenómeno ha tenido un impacto directo en los conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal. Cada vez son más los residentes que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte. Sin embargo, en muchos casos, estos vehículos no son guardados en los parqueaderos dispuestos para tal fin, sino que se ingresan y almacenan dentro de las viviendas, ya sea en casas o apartamentos. Esta práctica, aunque frecuente, genera controversias y plantea interrogantes legales y de convivencia que deben ser analizados con rigor.

La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, establece principios claros sobre el uso y la destinación tanto de los bienes privados como de los bienes comunes. De acuerdo con esta normativa, cada espacio dentro de un conjunto residencial tiene una finalidad específica, la cual se define no solo por las disposiciones legales vigentes, sino también por el reglamento interno de cada copropiedad. Dicho reglamento es de obligatorio cumplimiento para todos los residentes, propietarios y arrendatarios, sin excepción.

Bajo este marco normativo, el almacenamiento de una motocicleta dentro de una vivienda contradice la destinación habitacional del inmueble. Los apartamentos y casas están concebidos exclusivamente para fines residenciales, mientras que los vehículos deben permanecer en las zonas habilitadas como parqueaderos. Permitir el ingreso y resguardo de motocicletas en espacios destinados a la vivienda implica desconocer las reglas básicas de la propiedad horizontal y desnaturalizar el uso para el cual fueron diseñados estos inmuebles.

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Además del incumplimiento normativo, esta práctica conlleva riesgos relevantes. Las motocicletas contienen combustibles y otros líquidos inflamables que, al ser almacenados en espacios cerrados y no adecuados, incrementan la probabilidad de incidentes como incendios o explosiones. Estas situaciones no solo ponen en peligro la integridad del propietario del vehículo, sino también la seguridad de los demás habitantes del conjunto residencial. A ello se suma la afectación a la tranquilidad y al derecho colectivo a un ambiente seguro, pilares fundamentales de la convivencia en comunidad.

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¿De cuánto es la multa por guardar motos en apartamentos?

Desde el punto de vista disciplinario, los reglamentos internos de los conjuntos residenciales contemplan procedimientos para enfrentar este tipo de conductas. En primera instancia, suele privilegiarse el diálogo y el llamado de atención al residente que incurre en la infracción. No obstante, si la conducta persiste, la administración está facultada para imponer sanciones económicas, siempre que estas estén debidamente aprobadas y contempladas en el reglamento.

Las multas pueden ascender hasta el valor de una cuota de administración. Por ejemplo, si un residente paga una cuota mensual de 300.000 pesos, ese mismo monto podría ser aplicado como sanción en caso de reincidencia en el almacenamiento indebido de la motocicleta dentro de su vivienda. Estas medidas buscan desincentivar la práctica y promover el cumplimiento de las normas comunes.

Cuando las acciones internas resultan insuficientes, la administración puede recurrir a instancias externas, como la Policía Nacional, que tiene la facultad de intervenir para prevenir conductas que vulneren la seguridad y la convivencia.

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