Alarma en Bogotá: explotación de menores persiste y se digitaliza, piden acciones urgentes

La explotación comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en Bogotá constituye una de las problemáticas más alarmantes que enfrenta la ciudad en materia de derechos humanos. Según datos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), durante 2024 se presentaron 19 casos identificados, mientras que en los primeros meses de 2025 ya se han documentado siete nuevos incidentes, todos involucrando personas adolescentes. Estos registros no solo reflejan el grave alcance de esta situación, sino que también evidencian su persistencia y la urgencia de intervenciones integrales y focalizadas.

Este fenómeno no es homogéneo a lo largo de la ciudad, ya que localidades como Los Mártires, Usme y Kennedy concentran el mayor número de casos. Según análisis de la Universidad Nacional de Colombia, esta prevalencia responde a factores estructurales como pobreza, desplazamiento forzado, desprotección familiar y la presencia de actores armados en las zonas urbanas más vulnerables. Asimismo, se suma la debilidad institucional, que brinda condiciones propicias para que las redes de explotación se aprovechen de la población más afectada, en un contexto caracterizado también por el subregistro y la escasa denuncia.

Las modalidades de explotación sexual comercial denunciadas son diversas. Entre ellas figuran el turismo sexual, la explotación mediada por grupos armados, los matrimonios serviles, la pornografía infantil y la explotación a través de entornos digitales. Estudios de Save the Children y ECPAT Internacional resaltan el auge de la explotación virtual, producto del incremento en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas organizaciones alertan sobre la necesidad de fortalecer la prevención y el monitoreo digital, dado que la digitalización de las relaciones sociales ha facilitado nuevas formas de abuso difícilmente detectables.

El Idipron ha llevado a cabo acciones simbólicas de sensibilización, como la instalación de objetos de la infancia en la Plaza de Bolívar, donados por funcionarios y actores sociales, buscando que estos elementos cotidianos generen conciencia y promuevan un compromiso social más profundo frente al flagelo. Javier Palacios, director del Instituto, recordó que cada caso reportado esconde historias personales de violencia y exclusión, y que la protección institucional resulta clave para la restitución de derechos y el inicio de caminos de acompañamiento y esperanza.

Colombia ha consolidado un marco legal sólido para combatir la ESCNNA, como lo demuestra la Ley 1336 de 2009, pero informes recientes de Human Rights Watch advierten sobre falencias en la articulación interinstitucional, la formación en derechos humanos y el soporte a las víctimas, lo que limita la efectividad de las respuestas institucionales. Paralelamente, aunque existen mecanismos oficiales de denuncia como las líneas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) —141— y de la Policía Nacional —123—, el miedo a represalias y el estigma asociado impiden que muchos casos lleguen a conocimiento de las autoridades. La Defensoría del Pueblo subraya la importancia de acompañar estos canales con acciones comunitarias que fortalezcan la confianza y la participación activa de la ciudadanía.

Este fenómeno demanda ser abordado desde una perspectiva estructural y no como una situación aislada. Según UNICEF Colombia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es vital coordinar estrategias de prevención desde la educación, el desarrollo social, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el control riguroso de las redes criminales. Únicamente una respuesta multisectorial, sostenida y articulada puede proteger a la infancia y la adolescencia de perder su futuro a causa de la explotación sexual comercial.

En síntesis, la ESCNNA en Bogotá es una dolorosa expresión de inequidad y violencia arraigada, que requiere atención inmediata, información verificada y cooperación conjunta de instituciones, sociedad civil y organismos internacionales. Cada registro no solo es un número, sino el reflejo de una vida infantil o adolescente que exige protección, justicia y restablecimiento de derechos.

¿Por qué es difícil denunciar la explotación sexual comercial de menores?

La dificultad en la denuncia de la explotación sexual comercial de menores en Bogotá está ligada al estigma social, el temor a represalias por parte de las redes criminales y la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección. Aunque existen líneas oficiales de denuncia, como las del ICBF y la Policía Nacional, muchas víctimas y sus entornos familiares enfrentan barreras para acceder a la justicia. Factores como la vergüenza, la manipulación ejercida por los explotadores y las amenazas perpetúan el silencio en torno a estos delitos. Esta situación contribuye al subregistro y dificulta la articulación de respuestas eficaces.

El desconocimiento de los canales de apoyo también influye en la falta de denuncia. Por ello, las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia proponen campañas de información, acompañamiento psicosocial y trabajo comunitario. Se busca así fortalecer el vínculo entre las víctimas y las instituciones, favoreciendo la confianza y la participación activa de la comunidad en la prevención y atención integral del fenómeno.

¿Qué significa la sigla ESCNNA y por qué es importante?

ESCNNA corresponde a “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”, un término utilizado para designar cualquier forma de abuso sexual que implique un beneficio económico o material para terceras personas a costa de la integridad infantil o adolescente. La importancia de visibilizar esta sigla radica en que permite nombrar y delimitar un fenómeno específico, lo que facilita la elaboración de leyes, protocolos de atención y campañas de prevención más efectivas y diseñadas para enfrentar las particularidades de esta problemática.

Conocer el significado de ESCNNA es clave no solo para la denuncia y la protección de las víctimas, sino también para fomentar discusiones sociales informadas y sensibilizar sobre la gravedad y el daño que causa en la infancia y la adolescencia. Esta claridad conceptual apoya la elaboración de intervenciones integrales, fomenta la cooperación entre entidades y favorece la construcción de una sociedad más atenta y solidaria frente a la explotación sexual comercial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.