Aparte de la buena noticia que los vigilantes de Colombia recibieron por el cambio de jornada laboral, una propuesta presentada durante el marco de la Primera Cumbre Global de Seguridad les daría un notable estatus.
Así como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha referido a la búsqueda de alternativas de seguridad a nivel nacional, en ese evento se plantearon las modificaciones al Decreto 3222 de 2002.
¿De qué trata el Decreto 3222 de 2002?
Encargado de regular el estatus de Vigilancia y Seguridad Privada, el mencionado decreto señala que “las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana tendrán como objeto principal la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo”.
Sobre ese punto, un representante del Ministerio de Defensa, como parte del Gobierno de Gustavo Petro, soltó una idea con la que se buscaría darles un papel más protagónico dentro del panorama nacional.
¿Qué propuso el Gobierno Petro sobre vigilantes de Colombia?
El coronel John Harvey Peña, de la Jefatura de servicios de la Policía Nacional, propuso que los vigilantes tengan el estatus de gestores de seguridad y convivencia, según replicó el diario Portafolio.
“Para que se mejoren los intercambios de información y podamos actuar, que esa gestión sea permanente y se pueda acopiar información constante para tener el contexto de los fenómenos criminales”, indicó.
Esa función no sería para que haga el llamado a la Policía con el fin de ofrecer información sobre un hecho, sino mantener actualización constante que los encamine a impedir los delitos.
La propuesta encaminaría a que la vigilancia privada sea una “primera línea de seguridad que estará apoyando a las autoridades y que se podría fortalecer en las zonas puntuales y horas en las que se registran los delitos. Entonces, el papel de los vigilantes sería, entre otras cosas, resolver pacíficamente los conflictos”, explicó el portal.
Lorena Quintero, superintendente delegada para el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se mostró partidaria de ese nuevo papel planteado por el Gobierno.
“Habrá una asignación presupuestal del ente territorial para apoyar en la ejecución del proyecto. Así las cosas en cualquier escenario en Colombia vamos a contar con el apoyo, con los recursos del territorio para que este proyecto se pueda llevar acabo de la mejor manera”, aseguró Quintero.
En contraste, Carlos Ayala, empresario y uno de los dirigentes del gremio de la seguridad privada en Colombia, señaló que la modificación que propuso el Gobierno acarreará más recursos para los territorios, mientras que advirtió que su sector “ya cuenta con frentes de seguridad reconocidos por las autoridades y que funcionan”.
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