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Colombia ha incumplido leyes enfocadas hacia la mitigación de la crisis climática global. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra del gobierno colombiano tras evidenciar el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional. La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática, además de que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática.
La decisión fue tomada por el Tribunal tras evidenciar el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya no tiene ministro, en la adopción de medidas para cumplir con los compromisos relacionados con los impactos en el clima generados por el sector minero energético. Pues, mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis, varias organizaciones demostraron que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas.
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La sentencia del Tribunal es una respuesta entonces, en primera instancia, a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo de 2023 por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Polen Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas.
En ese sentido, de acuerdo con el Cajar, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global. Es una decisión judicial que contiene un total de ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre las que se encuentran: actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia, sector que más creció económicamente en julio, para incluir los impactos climáticos; y establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas, especialmente las del sector carbón, establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
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Es así que Colombia tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Por ello, “este litigio constituye uno de los primeros a nivel regional en el que se ataca la falta histórica de un Estado en la gestión de sus compromisos en la lucha mundial contra la crisis climática. Ante los primeros resultados, es claro que este proceso tiene el potencial de convertirse en un caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente”, explicó el Cajar mediante un comunicado.
Sin embargo, dicen las organizaciones que, varias administraciones gubernamentales han obviado ese compromiso en los últimos seis años y mediante la acción de cumplimiento ya habían cuestionado los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática.
Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado es la entidad a cargo de emitir un fallo final. Si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia.
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