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Ante la Fiscalía General fue radicada una denuncia para que se investigue al exparamilitar Salvatore Mancuso por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Los hechos están relacionados con las declaraciones entregadas por el excomandante criminal sobre la masacre del Aro, en octubre de 1997, donde 17 personas fueron asesinadas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La denuncia fue radicada por la defensa del General (r) Carlos Alberto Ospina, quien alega que son falsas las declaraciones de Mancuso según las cuales, el exmilitar participó en la planeación y ejecución de la citada masacre.
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Según el excomandante criminal, el general Ospina terminó de planificar la operación en El Aro, una vez muerto el general, Alfonso Manosalva, quien supuestamente fue el encargado de compartir inteligencia militar con los paramilitares, rutas de acceso, puntos estratégicos, ubicación de miembros de las Farc y otros, para facilitar lo que pasó a la historia como una de las masacres más sangrientas del país.
Sin embargo, el general Ospina dice que lo anterior no es cierto, en cambio, argumenta que Mancuso solo está buscando beneficios a cambio de entregar información falsa, sobre todo porque se trata de un militar que ostentó un alto rango.
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“Las manifestaciones inculpatorias que sobre diferentes personas efectúe MANCUSO GÓMEZ son altamente convenientes para sus propósitos, ya que para hacerse con los beneficios procesales pretendidos (y los ya obtenidos). La información y la “verdad” que aporte son fundamentales. Así, vincular fraudulentamente a alguien del rango mi representado es atractivo para sus fines, pues con seguridad, en su plan criminoso es más valioso atacar (con falsos testimonios) a un General de la República que a alguien con menor estatus jerárquico”, se lee en la demanda radicada contra Mancuso.
Advierte la defensa del general (r), que prueba de que el exjefe criminal está mintiendo son sus constantes contradicciones. En algunas diligencias habla sobre la participación del general en la planeación de la masacre y en otras ni lo menciona.
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“Nótese cómo en la declaración, entregando detalles de la planeación y de la manera en como (según su dicho) se recibió la información, no mencionó a mi representado. La razón de ser el General Carlos Alberto Ospina Ovale no tuvo contacto alguno con el denunciado y menos para entregar información de esa índole”, dice la defensa.
La defensa solicita iniciar un proceso por los delitos falso testimonio y fraude procesal, pero además advierte, que Salvatore Mancuso, con sus testimonios, está induciendo a error a las autoridades judiciales del país, a cambio, de beneficios judiciales.
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“Llegará el Despacho a la ineludible conclusión de que SALVATORE MANCUSO GÓMEZ ha burlado la solemnidad y de la justicia y del juramento para lesionar diversos bienes jurídicos con el único propósito de inducir en error a diferentes autoridades. Ello, con el claro objetivo de obtener beneficios procesales a costa de la honra y buen nombre, en lo que respecta esta denuncia, del GENERAL (R] CARLOS ALBERTO OSPINA OVALLE”, añade el documento radicado ante la Fiscalía.
Por estos hechos, la Procuraduría abrió indagación preliminar para determinar la responsabilidad del general (r) en la masacre. Dentro del proceso fue llamado a versión libre. Allí, el exmilitar entregó toda la información que sobre ese hecho tenía. Aclaró que fue trasladado a la IV Brigada del Ejército, pocos meses antes de que sucediera la masacre.
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Al Ministerio Público entregó detalles sobre el momento en qué se enteró de la masacre y cómo procedieron una vez tuvieron conocimiento.
“Tan pronto el comandante del batallón informó sobre la posible ocurrencia de un posible ataque contra la población civil del caserío que se llamaba “El aro”, se coordinó el movimiento de Unidades con el fin de socorrer a la población civil y desarrollar una operación en contra de los atacantes. Sin embargo, las tropas que estaban en cumplimiento del dispositivo electoral estaban muy retiradas de esos sectores, por cuanto “El aro” no estaba contemplado dentro de los sitios a ser ocupados por la Fuerza Pública de manera obligatoria del Plan Democracia. Estas unidades salieron creo que de Santa Rita o de otro sector a pie y posteriormente se logró conseguir dos helicópteros con los cuales inicialmente se hizo un sobrevuelo para determinar en sí lo que había pasado en el caserío y apoyar desde el aire en caso de ser necesario. Este movimiento se hizo incumpliendo las órdenes del Comando del Ejército que determinan que sin helicóptero artillado no se pueden desembarcar tropas, pues corren el riesgo de ser exterminadas por lo vulnerable de la acción”, dijo en su momento el general ante la Procuraduría.
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A propósito, días atrás, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citó a Mancuso a entregar información relacionada con las masacres El Aro y La Granja, ambas cometidas en Antioquia.
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