Se trata de un mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población en Colombia.
La Corte Constitucional advirtió que existe una grave crisis que ha afectado de modo grave los derechos fundamentales de los desmovilizados tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
“Consideró la Corte que, en efecto, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección”, dijo la magistrada Cristina Pardo, al leer la sentencia.
La decisión se deriva del hecho de que la Corte falló varias tutelas interpuestas por desmovilizados de las Farc que viven en los departamentos de Guaviare y Nariño.
En las tutelas los exguerrilleros consideraban que sus vidas estaban en peligro y que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido insuficientes.
¿Qué implica la decisión de la Corte Constitucional sobre los desmovilizados de las Farc?
La decisión incluye la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que verificará las órdenes dictadas en el fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad de los excombatientes.
Igualmente, ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que en los próximos cuatro meses se reevalúe el riesgo al que se enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y a quienes hacen parte del partido Comunes, en el que se transformó la antigua guerrilla.
Según cifras del partido Comunes desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 303 desmovilizados.
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