Así lo dijo Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Dokabu, a revista Semana, donde expresó que su comunidad quiere que los 7 soldados acusados sean llevados hasta su territorio para así someterlos a su autoridad.
“Aquí no vamos a quedar tranquilos hasta que se haga justicia. La guardia tiene sus duelos y quiere que les entreguen a los militares”, señaló el líder indígena en la publicación.
En la cima de una montaña, en un lugar sagrado para los dokabus, hay 7 cepos armados para castigar con látigos a los violadores, explicó Queragama en ese medio de comunicación, donde también relató que, luego de esa sanción, los soldados pasarán por un “acto de purificación”.
“Exijo que nos manden [a los militares] a nuestra justicia y nosotros procederemos a cumplir nuestra justicia propia o, si no, le pido a la justicia ordinaria que los manden a una cárcel civil para que los soldados puedan pagar esa condena severamente”, añadió el gobernador en Noticias Uno.
Según ese informativo, la citada comunidad indígena está exigiendo hacer parte tanto del proceso penal, como del psicológico, espiritual y emocional al que acostumbran en el resguardo de acuerdo a sus parámetros culturales.
“Es una petición que han realizado los mismos integrantes de la familia [de la niña violada] , que se realice un proceso de sanación tanto de cuerpo como de mente a partir de rituales”, dijo al respecto Pedro Juan Moreno, antropólogo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en el noticiero.
Las niñas y las mujeres representan la vida, la tradición y el respeto por las costumbres y la cultura en la etnia embera chamí, a la que pertenece la menor, y por lo tanto, cualquier ofensa contra una de ellas es un ataque contra toda la comunidad, recordó ese medio de comunicación.
De acuerdo con Semana, en el resguardo Dokabu hay una “herida abierta”, no solo por la aberrante violación, sino también por la decisión de la Fiscalía de imputar cargos a los 7 militares por acceso carnal abusivo y no por el delito de acceso carnal violento agravado, así como por la decisión del juez del caso de enviar a los reclutas, mientras emite su sentencia, a prisión en una guarnición militar y no en una cárcel.
Entre tanto, en la noche de este sábado, la Onic apoyó un comunicado de la Unidad Indígena del Pueblo Awa donde no solo se condenan los hechos y se piden garantías judiciales en este caso, sino que también se exige “evitar el ingreso de las fuerzas militares” a los territorios indígenas.
#NuestrosCuerposSeRespetan| La UNIPA, una de nuestras organizaciones regionales en Nariño, rechaza y condena el aberrante hecho de violencia sexual contra la niña Embera en Risaralda. ¡Pueblo Embera, estamos con ustedes! @luiskankui @ONUHumanRights. pic.twitter.com/q9hS5ZNCzc
— Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) June 28, 2020
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