Este lunes se conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó una indagación previa contra la ministra Irene Vélez por el caso de su hijo menor de edad, quien en enero salió del país sin la documentación requerida.
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La decisión de la entidad se debe a que, al parecer, la funcionaria habría usado su cargo en el gabinete del presidente Gustavo Petro para ejercer presión sobre un trabajador de Migración Colombia para que avalara la salida de su hijo sin importar que no contaba con el permiso requerido por la ley.
Y es que según se conoció en su momento, Irene Vélez —que estuvo envuelta en un escándalo por contratos públicos de su esposo— llamó directamente al funcionario para que dejara salir a su hijo de Colombia con el compromiso de que le haría llegar la documentación exigida a través de un correo electrónico.
“En el mes de enero, el hijo de la ministra iba a salir del país, pero le faltaba un documento. Ella estaba en ese momento en Suiza con el señor presidente, iba a salir el hijo, pero faltaba la autorización por parte de ella”, le dijo a Semana Juan Felipe García, presidente del sindicato de Migración Colombia (Osemco).
La Procuraduría está recogiendo una serie de pruebas, entre ellas los correos electrónicos en los que Irene Vélez se comprometió a enviar el permiso y en los que los funcionarios de Migración le solicitaron en reiteradas ocasiones el envío del mismo.
La investigación determinará si la funcionaria presionó al funcionario de Migración para que se pasara la ley por la faja y permitiera la salida de su hijo y, en caso de que sea así, podría ser sancionada.
Qué le podría pasar a Irene Vélez
Una vez la Procuraduría recoja las pruebas deberá determinar si hubo una falta por parte de la Ministra y decidir si se le impone una sanción. La entidad tendrá que calificar si se trata de una falta grave o leve y de esto dependerá la sanción, según explicó Blu Radio.
La cadena radial aseguró que la sanción podría variar dependiendo las explicaciones que entregue Vélez y cómo lo catalogue la Procuraduría.
“Puede tener suspensión del cargo entre 3 y 18 meses, según la ley, e inhabilidad especial por el mismo periodo por faltas graves dolosas. Podría tener suspensión en el ejercicio del cargo entre uno y doce meses, una multa de 10 a 180 días del salario básico o amonestación escrita por falta leve culposa”, detalló el periodista Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu.
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